La justicia del Reino Unido concedió asilo a Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz y exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, lo que cancela definitivamente su extradición a México, donde es acusada de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz.
De acuerdo con información obtenida por el periodista Gustavo Castillo, de La Jornada, la decisión de las autoridades británicas frena el proceso judicial que buscaba que Macías Tubilla enfrentara en México una orden de aprehensión girada en mayo de 2018 por un juez del fuero común.
Aunque en diciembre de 2022 el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, le negó un amparo y ratificó la vigencia de la orden de captura, la Fiscalía General de la República, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, no logró concretar su entrega a las autoridades mexicanas.
El proceso tuvo un giro relevante en febrero de 2022, cuando la Corte de Magistrados de Westminster avaló inicialmente su extradición. Sin embargo, la defensa de Macías Tubilla interpuso nuevos recursos legales que mantuvieron suspendido el traslado a México.
Entre los argumentos presentados ante tribunales británicos, según las fuentes consultadas por La Jornada, se expuso que el procedimiento de extradición estaba viciado, ya que el delito imputado habría prescrito y esa información no habría sido comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la autoridad judicial correspondiente.
Además, aunque perdió en una primera instancia, el proceso se frenó tras la interposición de un recurso ajeno al trámite de extradición, del cual el gobierno británico informó de manera detallada a la cancillería mexicana hasta agosto del año pasado.
Karime Macías fue detenida en octubre de 2019 en Londres y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas, con lo que enfrentó en libertad condicional su juicio de extradición.
La fiscalía de Veracruz la acusa de haber entregado de manera indebida recursos públicos a empresas inexistentes durante su gestión como presidenta del DIF estatal.
No obstante, las autoridades señalaron que la defensa solicitó el asilo y lo habría obtenido al considerar que la acusación se sustentó únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud del gobierno de Duarte, quien habría realizado los señalamientos bajo tortura.
