La decisión de extraditar a 26 delincuentes de alta peligrosidad a Estados Unidos tiene que ver con la seguridad del país y es “una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
“Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país”
En conferencia de prensa, este 13 de agosto, García Harfuch explicó que, desde cinco centros penitenciarios de México, en los que se encontraban recluidos, estos personajes seguían delinquiendo.
¿Cómo lo hacían? Cometían ilícitos y manejaban empresas criminales por medio de las visitas que recibían mientras estaban recluidos y las cuales no podían restringirse por ser su derecho constitucional.
“Estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos, sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad", explicó Harfuch.
A su vez, señaló, estos criminales estaban gozando de beneficios corruptos en contubernio con juzgadores del Poder Judicial, quienes buscaban cómo liberarlos.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, otros recibieron resoluciones que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada“, apuntó.
Finalmente, Harfuch detalló que la petición del gobierno mexicano fue que ninguno de estos criminales fuera condenado a pena de muerte, algo que en su momento se solicitó también para los 29 criminales enviados masivamente a Estados Unidos, en febrero pasado.
Vale la pena recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron ayer, 12 de agosto, que el gobierno de México trasladó a EU a 26 criminales peligrosos.
De acuerdo con un comunicado, dichas personas eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición.
