La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Mario “C”, juez en el estado de Nayarit, por su responsabilidad en el delito cometido por servidor público, al rendir informes previos y justificados falsos en juicios de amparo, informó la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 8 de julio, fue sentenciado a tres años, 11 meses y cinco días de prisión, además de ser inhabilitado, multado, recibir una garantía económica y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
El caso está relacionado con el despojo de viviendas a 62 mil derechohabientes de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, y otros estados entre 2013 y 2018, mediante juicios ficticios.
De acuerdo con el comunicado de la FGR, el juez afirmó falsamente que los actos reclamados por los quejosos no eran ciertos y que los demandados en diversos juicios especiales hipotecarios eran personas distintas a los afectados.
Uno de los expedientes que evidencian estas prácticas es el juicio especial hipotecario 297/2014, tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, donde se utilizó una sola dirección para notificar a miles de personas, lo que impidió que se defendieran legalmente.
Esa situación derivó en señalamientos de desacato contra las y los derechohabientes, quienes al no estar enterados del juicio por adeudos, perdieron sus viviendas.
En 2020, el propio Infonavit presentó denuncias penales contra jueces, magistrados, notarios y funcionarios judiciales de Nayarit por su presunta participación en estos juicios fraudulentos.
De los 62 mil derechohabientes afectados en esa entidad, solo 737 eran originarios del estado, mientras que más de 17 mil tenían sus viviendas en Chihuahua, 16 mil 500 en Tamaulipas, 6 mil 200 en Nuevo León y otros en distintas entidades.
Entre jueces, notarios y dos magistrados, entre ellos el expresidente del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, que estuvieron implicados y sentenciados, fueron liberados tras pagar reparación del daño.
Enríquez Soto, fue sentenciado a cinco años de prisión y se benefició de un procedimiento abreviado que le permitió conmutar parte de la pena.
Además, pagó 4 millones de pesos como reparación del daño y se le impuso una multa equivalente a 100 días, así como una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, aunque se dedica a la docencia universitaria.
La sentencia contra Mario “C” refuerza el proceso de sanción, aunque su duración, menor a cinco años, podría permitirle acceder a mecanismos como la libertad bajo caución, conforme a lo que establece la ley.
