Un grupo de 147 empleadas y empleados del INE promovieron este lunes un juicio de amparo contra el posible despido o reducción de salario y prestaciones, con motivo de la entrada en vigor del 'Plan B' de la Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
En su escrito de demanda los empleados del INE, que van desde directores generales hasta personal operativo, pidieron la suspensión de la aplicación de dicha reforma legal al considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Los quejosos son representados por Rodolfo Martínez, titular de la firma Trusan & Roma Abogados, quien dijo a El Financiero que podría ser a mediados de semana cuando el o la Juez que conozcan del caso determine si concede o no la suspensión del acto reclamado.
Se trata del primer amparo a nivel nacional promovido por empleados del INE contra la entrada la Reforma Electoral, vigente desde el 2 de marzo pasado, luego de que se aprobó en el 6 de diciembre por la Cámara de Diputados y 22 de febrero por el Senado de la Republica.
“La razón del amparo es para buscar que la justicia federal suspenda la aplicación de la norma a quienes han firmado esta demanda de amparo, toda vez que establece una serie de condiciones que favorece su despido y el retiro de prestaciones”, dijo el litigante.
Explicó a este medio de comunicación que en la Ley se prevé un programa de compactación de la estructura del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas, lo cual se busca evitar. “Es en síntesis, el amparo es para que no los corran y no les quiten prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores”, agregó.
Señaló que el hecho de que no se haya consumado el despido de los quejosos, no es impedimento para la promoción de este tipo de recursos legales, ya que se trata de una “norma auto aplicativa” porque ya se está disponiendo actos concretos para lograr una nueva estructura administrativa.
“Quien es empleado el INE ya está bajo la aplicación directa, por la simple publicación de la norma, de formar parte de esa restructura y consecuentemente el INE prescinda de sus servicios”, agregó.
Destacó que en caso de que las personas sean despedidas se corre el riesgo de que no reciban una indemnización prevista en la ley, ya que en el INE no ha una fuente fiable de financiamiento para tal fin.
El abogado Rodolfo Martínez, aseguró que se espera que en los próximos días grupos de empleados promuevan nuevos juicios de amparo.
Recordó que, una estimación del consejero Ciro Murayama es de que 7 mil empelados del INE serán despedidos. “Lo que no dijo el Consejero es que los que se queden verán reducido su ingreso y prestaciones”.
Fue el 2 de marzo pasado cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma electoral, conocida como el Plan B, que incluye una reestructuración en la organización administración y gasto de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local.
