El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó este viernes el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) número 16, en Morelos, donde permanecía recluido desde 2018, para continuar en prisión domiciliaria el proceso federal que enfrenta por presunto lavado de dinero.
Borge fue trasladado a un domicilio en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico y tras el pago de una garantía de 10 millones de pesos.
Su salida fue posible luego de que un juez federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su responsabilidad. Esa acusación era el principal impedimento para abandonar la prisión, ya que contemplaba prisión preventiva oficiosa.
No obstante, el exmandatario priista aún enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la venta irregular de al menos 24 predios propiedad del gobierno de Quintana Roo a familiares, amigos y presuntos prestanombres por debajo de su valor comercial, operaciones que habrían provocado un daño superior a 900 millones de pesos al patrimonio estatal.
Desde diciembre de 2023 un juez ya había autorizado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario en ese caso, imponiendo como condiciones el uso de un dispositivo electrónico y el pago de una garantía económica. Sin embargo, la acusación por delincuencia organizada impidió que la medida se concretara hasta ahora.
Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia. Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos por presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración como gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016.
Con su salida del penal federal concluye una etapa de casi nueve años de reclusión, aunque su situación jurídica aún no queda resuelta debido al proceso federal por presunto lavado de dinero que continúa abierto.
