El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza por la crisis de violencia registrada en México durante su administración y por la implementación de la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”.
El anuncio fue realizado este domingo por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien sostuvo que el sexenio pasado dejó al país inmerso en “una de las peores crisis de violencia de toda la historia”.
A través de un video difundido por Acción Nacional, el partido argumentó que la denuncia ante el tribunal con sede en La Haya se basa en los niveles de violencia registrados en los últimos años, incluyendo más de 200 mil homicidios dolosos, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, desplazamientos forzados y regiones donde, según el PAN, el crimen organizado ha superado la capacidad de control de las autoridades.
“El resultado hoy está a la vista de todos: Más de 150 mil desaparecidos; miles de masacres; comunidades desplazadas por la violencia, y regiones enteras donde los cárteles tienen más control que las propias autoridades”, señaló Roberto Gil Zuarth, quien participó en la presentación del posicionamiento.
En el material audiovisual, dirigentes panistas afirmaron que la denuncia busca que se investigue la actuación de quienes, a su juicio, permitieron el avance de la violencia en el país.
Según el PAN, la situación actual no fue producto del azar, sino resultado de una política deliberada. En ese sentido, sostuvo que la estrategia de “abrazos, no balazos” favoreció el fortalecimiento de las organizaciones criminales y debilitó la capacidad del Estado para enfrentarlas.
El partido aseguró que cuando las autoridades dejan de combatir a los grupos delictivos, éstos acumulan recursos, territorio e influencia, situación que eventualmente puede derivar en la infiltración de estructuras gubernamentales.
Como parte de sus señalamientos, Acción Nacional afirmó que existen investigaciones y acusaciones que apuntan a presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones criminales. En ese contexto mencionó los nombres de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, mandatario de Michoacán; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
El PAN sostuvo además que durante años existió permisividad frente al avance del crimen organizado y acusó a las autoridades de haber actuado con omisión mientras los grupos criminales expandían su presencia en distintas regiones del país.
La dirigencia panista justificó la presentación de la denuncia en instancias internacionales al considerar que en México no existen condiciones suficientes para una investigación independiente.
Jorge Romero argumentó que, tras los cambios recientes en el Poder Judicial, no hay garantías de imparcialidad para revisar el caso, mientras que Gil Zuarth afirmó que “Demasiadas instituciones encargadas de impartir justicia han dejado de generar confianza”.
En la parte final de su posicionamiento, el PAN insistió en que los hechos de violencia registrados en los últimos años deben ser investigados y reiteró que ninguna figura pública debe quedar exenta del escrutinio judicial.
El partido concluyó que solicitará a la Corte Penal Internacional analizar las responsabilidades derivadas de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de López Obrador y sostuvo que “nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe de estar por encima de la justicia y de la ley”.
