Por décadas, los expresidentes de México han cargado con un ‘pesado equipaje’ tras culminar con su encargo.
Una vez estando lejos de la investidura y el poder, muchos de ellos han enfrentado críticas, investigaciones judiciales, acusaciones internacionales y cuestionamientos éticos que los persiguen.
Ahora, con una nueva carpeta de investigación abierta contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos vinculados a empresarios israelíes, se actualiza la lista de exmandatarios que, en lugar de retirarse en la discreción, siguen siendo figuras polémicas que enfrentan el escrutinio público y jurídico.
PEÑA NIETO, OTRA VEZ, BAJO LA LUPA
El expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra nuevamente bajo los reflectores judiciales tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en su contra por presuntos sobornos de 25 millones de dólares que habría recibido de dos empresarios israelíes a cambio de contratos gubernamentales durante su mandato.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que ya se solicitó información al gobierno de Israel para esclarecer estas acusaciones, aunque Peña Nieto ha negado categóricamente cualquier acto indebido y ha calificado la narrativa como una “insinuación dolosa”.
A esta acusación se suma una nueva implicación directa en la compra y uso del software Pegasus, presuntamente adquirido por su gobierno para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.
Su estilo de vida en Madrid, donde reside desde 2019 gracias a una visa dorada por inversión, también ha generado críticas.
Fotografías suyas en tiendas de lujo y eventos sociales contrastan con los problemas de desigualdad, corrupción y violencia en el país. En 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que lo investigaba por transferencias irregulares por más de 26 millones de pesos, aunque hasta ahora no se han formalizado cargos.
El nombre de Peña Nieto también ha sido vinculado —aunque sin consecuencias legales directas— a casos emblemáticos de corrupción como la ‘Estafa Maestra’, los contratos con empresas fantasma, y la red de sobornos de Odebrecht, en la que su exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo ha señalado directamente como beneficiario.
Otro de los temas que siguen marcando su ‘legado’ es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Aunque el caso ha sido retomado por el gobierno actual, así como por el de Andrés Manuel López Obrador, las nuevas revelaciones manchan continuamente el sexenio del priista.
GARCÍA LUNA, LA ‘MANCHA’ DE CALDERÓN
Aunque no enfrenta cargos directos, Felipe Calderón ha sido duramente cuestionado desde que su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue sentenciado en EU a cadena perpetua por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El juicio incluyó testimonios de capos como Jesús ‘El Rey’ Zambada, quien aseguraron que García Luna operó durante el gobierno de Calderón a favor del narcotráfico.
Pese a negar conocimiento de estos nexos, Calderón no ha podido ‘desprenderse’ de la sombra del escándalo. Además, fue criticado por su intento fallido de fundar el partido México Libre, junto con su esposa Margarita Zavala, aunque el proyecto bloqueado por el INE debido a irregularidades en su financiamiento.
También se le ha cuestionado por integrarse al consejo de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, empresa que se benefició durante su sexenio en el sector energético, lo que generó acusaciones de puerta giratoria entre el poder público y privado.
FOX: MARIHUANA, ACTIVISMO Y EMPRESAS
Lejos de retirarse de la vida pública tras ser presidente, Vicente Fox se ha reinventado como empresario y activista en favor de la legalización del cannabis, aunque esta nueva faceta también ha sido fuente constante de controversias.
El expresidente es uno de los promotores más visibles de la industria del cannabis medicinal en América Latina. Sin embargo, esta actividad se ha visto empañada por señalamientos oficiales.
En julio de 2025, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria en la que advirtió sobre la comercialización ilegal de productos bajo varias marcas, incluida Paradise, propiedad del político guanajuatense.
Las críticas se han centrado en la incongruencia del expresidente: durante su sexenio, mantuvo una línea dura contra las drogas como parte de la política tradicional antidrogas, y ahora, en su rol empresarial, promueve activamente el negocio de la marihuana, alegando beneficios económicos y de salud pública.
Además de sus actividades empresariales, Fox ha sido una figura extremadamente activa en redes sociales, donde constantemente lanza ataques contra sus adversarios políticos, especialmente contra Andrés Manuel López Obrador.
Fox también arremetió con comentarios despectivos y machistas contra Mariana Rodríguez, esposa del entonces precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
La empresaria respondió acusándolo de misógino, mientras que cientos de usuarias en redes le exigieron al expresidente una disculpa pública.
A estas controversias se suman cuestionamientos por las inversiones millonarias realizadas en su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, donde opera el Centro Fox. Se ha señalado la falta de transparencia en el origen de los recursos, que incluyen donaciones internacionales y fondos públicos.
ZEDILLO, EL PRESIDENTE QUE SE FUE AL SECTOR PRIVADO
Aunque ha optado por un perfil internacional más académico, Ernesto Zedillo no ha escapado a la controversia.
Fue duramente criticado por integrarse al consejo de Union Pacific, beneficiada durante su mandato por la privatización de Ferrocarriles Nacionales, así como por sus vínculos con grandes corporativos como Procter & Gamble y Citigroup.
En 2011, fue demandado en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados. Aunque pidió inmunidad diplomática y la obtuvo con respaldo de ambos gobiernos, el caso dejó un sello indeleble en su legado.
En años recientes, Zedillo ha reaparecido como crítico de los gobiernos “populistas”, en clara alusión a la administración de AMLO y su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde foros internacionales ha advertido sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas en México.
AMLO, POLÉMICO DESDE PALENQUE
Aunque prometió retirarse completamente de la vida pública al dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha seguido siendo una figura influyente en el debate nacional. Aunque renunció a la pensión presidencial, aceptó un dispositivo especial de seguridad del Ejército en su rancho de Palenque, Chiapas.
Aunque AMLO afirmó que se retiraría al silencio, pronto comenzará a publicar libros, lo que ha alimentado las dudas sobre su verdadera distancia respecto del poder, sobre todo por su cercana relación con su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Uno de los escándalos más recientes que ha salpicado al círculo cercano de AMLO (aunque no necesariamente a él) involucra a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante su sexenio.
De hecho, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vector Casa de Bolsa y su titular, Romo, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.
La denuncia se sustenta en un informe de la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a la institución financiera de haber facilitado el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico, en particular del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones vinculadas al tráfico de fentanilo.
A pesar de haber abandonado la Presidencia, López Obrador sigue marcando el ritmo del debate político nacional. Su retiro no ha sido total y su figura aún gravita con fuerza en el centro de la vida pública mexicana.
EXPRESIDENTES POLÉMICOS
Desde investigaciones por corrupción, vínculos con empresas privadas, hasta acusaciones de encubrimiento y violaciones a derechos humanos, los casos muestran que los efectos del ejercicio presidencial no terminan con el fin del mandato.
Si bien algunos procesos se encuentran en curso y otros han sido archivados por falta de pruebas, las instituciones encargadas de investigar y sancionar aún enfrentan limitaciones estructurales y políticas para actuar con plena independencia.
