Presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos promovieron un juicio de amparo al considerar que diversas autoridades federales violaron sus derechos al exhibirlos públicamente como posibles responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el medio Milenio, el recurso fue admitido por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, donde se denunció la “revelación, distribución y/o divulgación de datos personales (nombre, identidad e imagen), así como la atribución de hechos aparentemente de constitutivos de delitos sin que existiera sentencia firme dentro de la causa penal 66/2015”.
En la demanda también se señala que, tras su detención, los quejosos habrían sido víctimas de tortura, misma que no fue debidamente investigada por las autoridades, además de que acusan omisiones en los procedimientos iniciados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, particularmente en el caso de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien alega tener el carácter de víctima.
Las detenciones de los acusados fueron presentadas ante los medios de comunicación en conferencias de prensa organizadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad, entre septiembre y noviembre de 2015. Entre los nombres señalados se encuentran Patricio Reyes Landa, El Pato; Jhonatan Osorio Gómez, El Jona; Agustín García Reyes, El Chereje; y Gildardo López Astudillo, El Gil.
El juez fijó la audiencia constitucional para el próximo 28 de agosto, fecha en la que se resolverá si se concede o no el amparo solicitado. Sin embargo, el proceso ha enfrentado demoras debido a la dificultad para emplazar a todos los exfuncionarios y actuales servidores públicos señalados, quienes deben rendir informes justificados.
Entre los nombres mencionados en la demanda destacan Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR; Adriana Campos López, exvisitadora general; Sara Irene Herrerías Guerra, exsubprocuradora de Derechos Humanos; Gustavo Salas Chávez, exjefe de la SEIDO; y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
