La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver un litigio que se ha prolongado por casi tres años entre el diputado Ricardo Monreal Ávila y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, a raíz de la difusión de una conversación privada en el programa ‘Martes del Jaguar’.
La ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto de sentencia que será discutido el próximo 9 de julio en la Primera Sala del máximo tribunal. En él, propone conceder un amparo al legislador morenista y ordenar a Sansores y otras autoridades del estado de Campeche “remuevan” el contenido difundido tanto en el programa televisivo como en redes sociales oficiales.
El origen del conflicto se remonta al 25 de octubre de 2022, cuando la mandataria estatal reveló una conversación entre Monreal y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
En ese audio, que Sansores dijo haber recibido de forma anónima, se escucha a ambos aparentemente negociando acciones para favorecer la candidatura de David Monreal en Zacatecas, hermano del actual diputado. Tras su divulgación, la gobernadora acusó a Monreal de ser “traidor” y “desleal” al movimiento de la Cuarta Transformación.
Ante los hechos, Monreal presentó una denuncia penal por intervención ilegal de comunicaciones privadas y promovió un juicio de amparo. En primera instancia, un juez federal le dio la razón, al considerar que la gobernadora vulneró sus derechos al divulgar información sin objetividad, imparcialidad ni base legal.
Sin embargo, Layda Sansores impugnó la decisión, argumentando que no actuó con “real malicia” y que su actuación debía analizarse bajo estándares de libertad de expresión. En respuesta, el proyecto de la ministra Ríos Farjat sostiene que esos criterios no aplican en este caso, al tratarse de un conflicto entre dos personas funcionarias públicas.
La propuesta subraya que las expresiones de la mandataria fueron emitidas desde su calidad de autoridad estatal, pues utilizó medios institucionales para difundirlas, incluyendo redes oficiales y logotipos del gobierno que encabeza.
El proyecto afirma que “la información y opiniones difundidas por la gobernadora no constituyen un discurso protegido por su derecho a la libertad de expresión”, ya que no verificó de forma razonable los hechos, y divulgó datos cuya obtención es de dudosa legalidad, afectando “el derecho a la privacidad de la parte quejosa por tratarse de una comunicación privada que incluso se presentó de manera selectiva, descontextualizada y contraria a la finalidad de informar”.
La resolución final será determinada por los ministros de la Primera Sala el próximo miércoles. De aprobarse el proyecto, se ordenaría el retiro del contenido del programa en cuestión y de cualquier plataforma oficial en la que se haya replicado.
