Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara, este miércoles 29 de abril, una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la oposición salió a marcar su postura ante estos hechos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su postura ante los recientes señalamientos realizados por autoridades de EU contra diversos funcionarios y actores políticos en Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros individuos presuntamente vinculados a delitos de tráfico de drogas y armas.
“Morena es un narcopartido”, acusó la institución.
Afirmaron que, (de confirmarse las acusaciones), evidenciarían posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, lo que resultaría sumamente grave para la vida pública del país.
“La violencia, el control territorial del narco y la impunidad no son casualidad, son consecuencia de un gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes”.
El partido sostiene que la inseguridad afecta a millones de mexicanos, consecuencia de decisiones y omisiones desde el poder público. Asimismo, acusaron el desempeño de Morena en su responsabilidad de garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
Ante estos hechos, el partido exige una investigación exhaustiva, transparente e independiente, así como la actuación inmediata de las autoridades competentes y, en su caso, proceder conforme a la ley contra todos los involucrados.
“México no puede seguir en manos de quienes pactan con el crimen”, finaliza el llamado.
De igual forma, el presidente del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que el gobierno federal deberá de deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata para permitir que sea investigado.
“La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro. Lo mismo aplica para el Senado. Rocha no debe seguir siendo gobernador”, enfatizó en su publicación en X.
Así mismo, el Partido Acción Nacional (PAN) fijó su postura al señalar que dichas acusaciones confirman una situación que había sido advertida desde hace tiempo y que ahora adquiere carácter institucional.
De acuerdo con el comunicado, el partido indicó, “lo que fue negado por el oficialismo hoy se traduce en investigaciones formales, lo que, a su juicio, convierte el caso en algo más que un escándalo político”.
En ese sentido, advirtió que el país enfrenta una crisis de Estado que requiere respuestas firmes y acciones inmediatas.
El PAN subrayó que Sinaloa vive desde hace más de un año y medio un contexto de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.
Añadió que, bajo este nivel de señalamientos, las autoridades locales no cuentan con condiciones para enfrentar la crisis, ni garantizar la tranquilidad de las familias.
Ante este escenario, el partido planteó que el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, al considerar que se trata de una medida contemplada en la Constitución para situaciones extraordinarias y no de una acción extrema.
Finalmente, el PAN advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de mantener vínculos con éste.
