La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral para impedir que la organización Construyendo Solidaridad y Paz utilice las siglas “CSP” en su eventual registro como partido político nacional, al considerar que coinciden con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y podrían generar confusión entre el electorado.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Presidencia, permitir el uso de esas iniciales podría asociar indebidamente a la mandataria con una fuerza política en proceso de registro, afectar la claridad en la identificación de actores políticos y vulnerar derechos humanos de la Presidenta al utilizar su nombre o abreviatura con fines partidistas. La queja fue ingresada a pocos días de que concluya el periodo de evaluación de nuevas fuerzas políticas.
La organización señalada es impulsada por el diputado federal de Morena Hugo Eric Flores y está integrada por liderazgos que anteriormente formaron parte de Encuentro Social y Encuentro Solidario, partidos que fueron aliados de Morena pero que perdieron su registro nacional en 2018 y 2021.
Esta es la tercera ocasión en que ese grupo político intenta constituirse como partido bajo una nueva denominación. El nombre Construyendo Solidaridad y Paz se hizo público en enero de 2025 y, en agosto de ese mismo año, Sheinbaum ya había expresado críticas al uso de siglas que coinciden con su nombre.
Aunque la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazaron inicialmente la queja al considerar que se trata de un asunto civil vinculado a una “marca” y no estrictamente electoral, consejeros del instituto decidieron atraer el caso. El tema será analizado por el Consejo General del INE, que discutirá si el uso de las siglas tiene impacto en la contienda y si corresponde al árbitro electoral resolverlo.
La consejera Dania Ravel reconoció que no existe un procedimiento específico para este tipo de solicitudes, por lo que se creará uno para dar respuesta. “Más allá de quién está haciendo la petición, el punto medular es si se puede generar una confusión en la ciudadanía y si eso le repararía una ventaja a un posible partido político en una contienda electoral. Creo que eso es lo que tenemos que dilucidar desde el ámbito electoral”, señaló. Añadió que el asunto será revisado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos antes de llegar al pleno.
Consejeros también analizan si corresponde pedir a la organización cambiar sus siglas o recomendar a la Presidencia recurrir a una vía civil. Hasta ahora, indicaron, sólo existe un precedente similar: en 2019, el Tribunal Electoral ordenó al INE proteger la identidad de organizaciones políticas ante el riesgo de confusión en su denominación. El análisis actual deberá determinar si ese criterio aplica cuando la posible afectación recae en una persona física, como la Presidenta de la República.
