La dirigencia nacional del PRI pidió la renuncia inmediata de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, al acusarla de mantenerse ausente frente a las detenciones y agresiones registradas durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, el dirigente priista y senador Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que la CNDH no ha ejercido ninguna acción para acompañar a las víctimas de detenciones arbitrarias ni para supervisar el operativo policiaco.
Señaló que, mientras familiares denuncian amenazas y fabricación de delitos contra los jóvenes arrestados, la presidenta del organismo “ha sido un cero a la izquierda” y no ha actuado conforme a su mandato constitucional.
Para el tricolor, este silencio constituye una falta grave. Moreno acusó que el organismo no solo se mantuvo al margen, sino que “se ha convertido en parte de la persecución del Estado contra los jóvenes”, señalando como responsables al gobierno federal. Reiteró que los jóvenes detenidos “son presos políticos del narcoestado de Morena” y reclamó su liberación inmediata.
El legislador insistió en que lo ocurrido durante la marcha no puede interpretarse como un operativo de contención: “Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó. Destacó que el uso de la fuerza fue desproporcionado y que “en México sí existe persecución política”, lo que, aseguró, debió motivar una intervención inmediata de la CNDH.
Moreno Cárdenas relató que familiares de jóvenes imputados han reportado amenazas e irregularidades en los procesos, por lo que consideró aún más grave que el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos permanezca inmóvil ante estos testimonios.
En ese contexto, advirtió que la permanencia de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH es insostenible y que su salida es necesaria para recuperar la confianza en la institución. Señaló que el PRI presentará propuestas para sancionar a quienes autorizaron el uso excesivo de la fuerza y para fortalecer los mecanismos de protección a manifestantes.
