Hizo mucho ruido la solicitud de la nominada como directora general del Conacyt para el próximo gobierno, María Elena Álvarez Buylla, al actual titular de la dependencia, Enrique Cabrero, para que suspendiera convocatorias de programas, fondos y contratos, que implican erogación de recursos para 2019.
Obviamente, Cabrero rechazó la solicitud e indicó que las convocatorias van a continuar en términos de la norma vigente.
Aunque en la discusión pública se dio relevancia al tema de que una persona del equipo de transición parecía estar dando instrucción respecto a acciones del gobierno en funciones, la realidad es que ese no es el punto de fondo.
La solicitud quedó por escrito y fue filtrada. Pero, un sinnúmero de solicitudes verbales se han hecho.
El equipo de transición se está dando cuenta de que una parte importante del ejercicio del gasto público es inercial, es decir, está previamente comprometido o sujeto a reglamentos o leyes.
Por lo tanto, el margen de maniobra del que realmente se dispone es mucho menor del que probablemente algunos integrantes del equipo consideraron inicialmente.
Por ejemplo, de acuerdo con los ejercicios presupuestales que la Secretaría de Hacienda hizo para confeccionar los llamados “Pre Criterios de Política Económica” para 2019, sólo por concepto de costo financiero se estimó un gasto de 713 mil 842 millones de pesos. Y lo más probable es que se haya quedado corta esa estimación en función de cómo se han movido las tasas de interés en los últimos meses.
Las participaciones que, por ley, el gobierno federal tiene que asignar a las entidades federativas ascenderían a 868 mil 344 millones de pesos en 2019.
Tan sólo de estos dos conceptos hay más de 1.5 billones de pesos del llamado gasto no programable, que ya están comprometidos.
Le pongo otro ejemplo. Hasta el mes de agosto, en este año se han gastado 736 mil millones de pesos en salarios y otras compensaciones en el sector público, un promedio de 92 mil millones de pesos al mes.
A pesar de la reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios o del recorte de sus puestos, el equipo de transición habrá de darse cuenta que el grueso de esos desembolsos corresponde a personal de base, al que AMLO ofreció no recortar. Así que no habrá de otra que pagar.
El sector público tiene miles de contratos, que le implican desde pagar rentas por los inmuebles que ocupa; servicios que adquiere; seguros y decenas y decenas de conceptos más.
El gasto inercial del sector público, es decir, el que ya está comprometido antes de hacer el Presupuesto, a veces se ha calculado en algo así como el 85 por ciento del total.
Es decir, de un gasto total de 5.5 billones de pesos (para redondear) hay comprometidos alrededor de 4.6 billones y se pueden reasignar algo así como 800 mil millones de pesos.
Parece mucho, pero cuando se vayan descontando los programas planteados por el presidente electo, en realidad ese monto se va a diluir muy rápido.
Tal vez la futura directora del Conacyt de repente se dio cuenta de que había muy poco dinero para lo que ella quiere hacer y… en el camino de tratar de rescatar recursos, se la ‘chamaquearon’ tratando de frenar gasto inercial.
Si los funcionarios del próximo gobierno están realmente haciendo su trabajo y hacen cuentas del dinero que tendrán disponible y de lo que cuesta lo que aspiran hacer, se van a dar cuenta de que lo de la austeridad no será un mero concepto sino algo con lo que tendrán que operar.
