Quién sabe qué pasó entre la gobernadora Maru Campos y César Jáuregui, cercanísimo colaborador de la panista en al menos tres lustros. La última parte de esa relación fue como fiscal del estado, puesto en el que estuvo de enero de 2023 a abril pasado.
Hoy Jáuregui está en la cárcel de El Altiplano donde le cocinan un delito sin precedente en la historia moderna. Morena lo quiere acusar de traición a la patria y exhibirlo en la piedra mediática como un mexicano que prefirió servir al Tío Sam al hacer operativos antinarco con agentes de la CIA. O al menos eso es lo que se dice oficialmente, porque otras filtraciones le achacan presuntos nexos criminales.
En lo que se esclarecen las cosas, lo real es que el vínculo entre la gobernante y su exfiscal se rompió, que la primera abandonó al segundo, quien por cierto tenía larga carrera política en su estado y en su partido (v. gr. fue dos veces legislador local y líder de bancada).
La caída de Jáuregui se da en dos tiempos. Se vio forzado a renunciar a la fiscalía de Chihuahua a finales de abril, luego de que se supiera de una redada en la sierra en la que habrían participado hasta cuatro agentes de la CIA (dos murieron en un accidente).
Su permanencia era insostenible de esa forma en que antes eran insostenibles aquellos envueltos en un escándalo; esas formas de “antes” hoy sólo aplican si los señalados no son morenistas, porque estos nunca han de renunciar.
De entonces para acá han pasado casi seis meses. En ese periodo Jáuregui siguió su vida, incluido mantener viva su aspiración a un puesto popular en las elecciones de 2027; mientras la gobernadora hizo lo propio, si bien ya había nombrado a una fiscal especial para investigar la operación conjunta de su gobierno con la CIA; y el mes pasado logró una cita en privado con la presidenta Sheinbaum.
Tales son los antecedentes públicos de la detención el sábado de Jáuregui por autoridades chihuahuenses. Lo que no es conocido es el proceso para la toma de decisiones de la gobernadora Campos. Si iba a procesar a su exsecretario de Gobierno en el estado, a su exfiscal, a su excolaborador de sus tiempos de alcaldesa, le hace falta explicar mucho más que lo dicho en su mensaje de que nadie encima de la ley.
Porque aún sin entrar en el delirio de la Federación –que con la acusación de traición a la patria construirá un espantapájaros útil lo mismo para campañas que para eventualmente amortiguar cualquier zarpazo que pudiera intentar Trump (el morenismo tendría un opositor en la cárcel para engrosar el caldo del nacionalismo)–, acusar a tu exfiscal de delitos que involucran a la CIA requiere explicarlo.
La gobernadora tiene que hacerse cargo de su excolaborador y examigo. No puede pretender que se le crea que fue engañada, que estuvo al margen de lo sucedido y menos aún que ella no tiene responsabilidad. Lavarse las manos no es su prerrogativa.
Hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no haya esclarecimiento público y convincente de que hay una conducta delictiva de Jáuregui que ella no pudo haber advertido, misma que no le implica en forma alguna, ella está lejos de librar responsabilidad.
Así como la presidenta Sheinbaum es vista como alguien que negoció entregar Nuevo León al tolerar ahí a una candidata morenista rechazada por la militancia, Campos no se puede quitar de encima el sambenito de que al entregar a Jáuregui arregló, básicamente, su plan de retiro después de 2027. Entregar a su excolaborador y amigo, y el estado, a cambio de una jubilación despreocupada.