La detención del exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa regresa un tema que debió tener mayor atención cuando surgió a principios de julio: la pretensión de la CNDH de eliminar a organizaciones defensoras de derechos humanos con trabajo de sobra acreditado, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Cuando surgió la semana pasada la noticia de la detención del exmandatario guerrerense, acusado de destruir evidencia, el Pro, que acompaña la defensa de los padres de los 43, pidió un poco de tiempo a fin de documentarse para posicionarse. Si por la CNDH fuera, les quitaría la posibilidad de asesorar a las familias de los normalistas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra no quiere que exista un ecosistema de organizaciones que trabajen de manera independiente en esa materia. En su recomendación 208VG/2026 del 2 de julio, es explícita al respecto.
De ese documento, en su momento se destacó que la CNDH de Piedra Ibarra prácticamente da un espaldarazo a la Secretaría de la Defensa (“no existen elementos que ameriten un señalamiento de su responsabilidad”) y minimiza denuncias de tortura al señalar que fue una estrategia que derivó en un debilitamiento de las investigaciones y la liberación de 65 personas.
Frente a joyas como esas, no resulta extraño que haya sido poco comentada otra parte del documento de 867 páginas. La CNDH hace una historia (es un decir) de la lucha por los derechos humanos y lanza un embate en contra de ONG, usando incluso información del SAT.
En pocas palabras: según la CNDH, prácticamente todo se reduce al esfuerzo de Carlos Salinas de Gortari por legitimarse tras el fraude del 88, quien, apropiándose de la agenda del PAN y abriendo de par en par las puertas de nuestra soberanía a la ONU, la CIDH y similares, tuvo como tontos útiles (término mío) a las ONG: “Desde entonces el Centro Prodh ha tenido un papel activo en el reordenamiento de la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva conservadora, con un manejo interesante, por decir lo menos, de su administración y presupuesto, que no está visible en su página”.
Cuando dice “interesante”, es un eufemismo para acusar a esa organización, fundada por los jesuitas mexicanos en 1988, de recibir fondos de fundaciones internacionales como la Ford Foundation, Open Society y otras agencias europeas.
En la narrativa de la CNDH, Salinas logró restablecer la “‘santa alianza’ empresarios-Iglesia-Estados Unidos que en el pasado tantas veces había salvado al PRI, y a sus antecesores el PNR y el PRM (…). De tal suerte que al finalizar el sexenio de Salinas, había al menos 250 ONG identificadas con la lucha por los derechos humanos, las cuales nutrieron los informes anuales de organizaciones civiles transnacionales, como Americas Watch (AW), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (Al), cuya influencia es visible en todo el mundo capitalista”. (sic)
No entro a los detalles de cómo, al defender (es otro decir) la soberanía, esta CNDH deplora un informe de la Asamblea General de la OEA que en 1997 “concluía que México había sido el país, después de Colombia, con el número más alto de recomendaciones de la CIDH”.
Remata emprendiéndola contra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” que “agrupa actualmente a más de 80 organizaciones, entre otras Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Comité Cerezo, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y, obviamente, el Centro Prodh, Serapaz, Centro Tlachinollan y FUNDAR”.
Para sorpresa de nadie, en la recomendación la CNDH también descalifica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –a la que hasta AMLO recurría–, y acusa al Centro Pro y a otras ONG de chambistas que medran con las víctimas.
Piedra Ibarra usa información oficial para cuestionar que el Centro Pro gaste la mayor parte de su presupuesto en personal. Sí, en defensores. No sobra decir que el obradorismo ha complicado las acreditaciones como donatarias autorizadas; no sería tolerable que el gobierno se apropie de la “narrativa” de la CNDH para regatearlas (más).
La CNDH, convertida en bozal, pretende coartar la legitimidad de organizaciones como el Centro Pro para que no cuestionen, por ejemplo, la solvencia o relevancia de la “pista Ángel Aguirre” del caso Ayotzinapa. Y si para ello –y para que tampoco cuestionen la opacidad de la Secretaría de la Defensa– el organismo que se supone que defiende los derechos humanos ha de sembrar cizaña utilizando contra ONG datos del SAT, qué más da.