La presidenta Claudia Sheinbaum es la única que no puede salir damnificada por la crisis provocada por Estados Unidos al acusar de narco al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha et al. A partir de tal consideración, México debe dar cada uno de sus siguientes pasos.
Sheinbaum tiene un mandato personal e intransferible. Triunfó en un proceso no objetado y juró desempeñar el cargo “mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. En esta hora de acusaciones de Washington sin precedentes, tal obligación debe honrarse.
La presidenta no tiene opción. Ha de elegir la gobernabilidad de la nación y evitar el atascarse en melindres partidistas sobre la aviesa intención de Donald Trump de proceder como lo hace contra un gobernador, un senador, un alcalde y otros funcionarios morenistas.
Los señalados han de ver por sí mismos, exigir un proceso justo y, de no resultar culpables, demandar la rehabilitación política a la que haya lugar. Para eso falta mucho. Lo relevante hoy es que la autoridad presidencial no puede quedar en entredicho ni un solo día.
EU actúa unilateralmente con agenda hipócrita (niega su corrupción y corresponsabilidad en la añeja problemática del narcotráfico). Dando eso por sentado, la suerte de Claudia Sheinbaum no puede estar atada a alguien tan señalado, y de tiempo atrás, como Rocha.
Porque no estamos ante un caso solo jurídico, sino ante algo más dañino. El mazazo de Washington contra Rocha y otros morenistas sinaloenses no resulta sorpresivo para nadie que haya seguido con cuidado las elecciones donde el actual mandatario estatal “ganó”.
Y si ése, el involucramiento del narco a su favor en 2021, era el gran pecado original de Rocha (que por ello fue denunciado en instancias internacionales), su mancha fue indeleble tras el rapto en 2024 del capo Ismael El Mayo Zambada.
En pocas palabras, Rocha y casi por definición quienes le acompañan en la acusación sometida ante una corte en Nueva York dada a conocer la mañana de ayer, son indefendibles políticamente. La presidenta lo sabe, y debe actuar en consecuencia.
Lo hecho por Estados Unidos, que tuvo un antecedente con el embajador Ronald Johnson diciendo en Sinaloa el fin de semana que EU no toleraría corrupción (su primera declaración tipo halcón) no es una bomba jurídica, es una cornada política de varias trayectorias
Porque la mandataria debe salvaguardar su autoridad política, no le ayuda el mensaje de la FGR, que ayer cuestionó la ausencia de pruebas en la solicitud de extradición; esa declaración habla por un segmento del gobierno que buscará dilaciones huizacheras.
Y en el mismo sentido se puede interpretar la queja de la Fiscalía General de la República al reclamar que no hubo discreción sobre la petición.
Es muy tarde para ponerse rigorista con el debido proceso luego de todo un sexenio (2018-2024) en el que el obradorismo puso incienso a los sheriffes americanos cuando procedieron contra García Luna.
La propia presidenta, que varias veces ha dejado pasar la oportunidad de no involucrarse en asuntos tan sobados como estériles, ha insistido en que el caso García Luna es canónico y que deberíamos seguir hablando de ello. Cuídate de lo que deseas…, reza el proverbio.
El régimen claudista, que inauguró entregas a Estados Unidos de presuntos delincuentes y de criminales sentenciados sin ajustarse con total pulcritud a lo legal, hoy no está en condiciones de pedirle a la Casa Blanca rigor.
Sheinbaum tiene que cuidar su capacidad para renegociar el T-MEC y mantener la colaboración bilateral en seguridad y otras materias. Rocha no puede ser el punto de quiebre de su gobierno. La presidenta responde a todo el país, no a las manzanas podridas de su partido.