La capacidad de los criminales en México es directamente proporcional a la podredumbre de policías, fiscalías y gobiernos. Lo ha dicho el propio García Harfuch, en los estados donde se toman en serio el procurar seguridad, se nota.
En su perenne búsqueda de impunidad, el crimen opera en varias lógicas. Con respecto a autoridades, resiste o compra a quienes le deberían combatir; respecto a sus rivales y a ciudadanos sin involucramiento delincuencial que desacatan, los intenta eliminar.
Matar en el siglo XXI es muy sencillo para quienes se benefician del contrabando de armas, de la sofisticación tecnológica que posibilita desde drones cada vez más capaces hasta sistemas de comunicación propios, y de mano de obra, libre o forzada, abundante y barata.
El homicidio tiene un gran inconveniente. Las masacres que desde tiempos de Fox, y no se diga con Calderón, se fueron multiplicando despiertan, así sea de tanto en tanto, indignación ciudadana. Eso es malo para todo negocio oscuro.
Porque como dejan rastros, eventualmente los homicidios indigestan a la sociedad y, por ende, al gobierno, pues demuestran que este ni impide masacres entre bandas –ni la muerte de ciudadanos que se resisten o son víctimas colaterales–, ni castiga a los homicidas.
Desde octubre de 2024, la presidenta Sheinbaum definió que bajaría el número de homicidios capturando a “generadores de violencia”. A eso atribuyen el descenso de 44 por ciento en año y medio. Es temprano para saber si habrá menos impunidad o solo más presos.
Mucho antes del nuevo enfoque anticrimen de la segunda administración obradorista, los criminales ya habían descubierto que una forma de evitar que “se les caliente la plaza” por presión ciudadana era desaparecer a rivales y ciudadanos rejegos.
La ausencia de una persona es más difícil de catalogar, investigar y, por lo mismo, castigar. Un muerto provoca desde repulsión hasta morbo, sin descartar miedo a un destino similar y sentimientos piadosos. Empero, ¿qué es un desaparecido?
Ponemos sobre las familias de un(a) desaparecido(a) la carga de la prueba, ya sea de inocencia –que se trata de una víctima real y no de alguien que “se la buscó”–, ya sea de que es genuina la sustracción –que no se fue con el novio, que no abandonó a la esposa…–.
El viacrucis para una familia que padece la desaparición de un ser querido comienza al momento mismo de notificar la ausencia. Las policías y los ministerios públicos son el primer muro a sortear: ¿está segura?, espere a ver si aparece, deje pasar el plazo, vuelva después.
Se pierde irrecuperable terreno en la probabilidad de dar con la víctima. Y al correr de los días, el abandono institucional se vuelve anécdota que se repite en puñados de casos diarios. Los gobiernos no buscan, cuando mucho, agregan al expediente lo que la familia indaga.
Va para dos décadas que mujeres, jóvenes y migrantes se esfuman sin importar gran cosa. Tan es así que desde tiempos de Calderón tenemos varios ejecutómetros, y hoy una mañanera quincenal sobre homicidios, pero para nada un seguimiento diario de desaparecidos.
La presidenta Sheinbaum parece decidida a que en su sexenio no cambie eso. Bajará los homicidios, índice de su éxito. Y redondeará en 43 mil su recuento oficial de desaparecidos. A partir de ahí, es de esperarse que fije otro parámetro de buen desempeño: que suban lo menos posible.
Las fiscalías no se van a esforzar en abrir carpetas por desaparición que harían visible en Palacio Nacional su incapacidad y corrupción; el mensaje que dio la presidencia no fue “salgan y vayan a buscar”, sino “ordenen”. Cualquiera puede traducir eso en contener o limitar.
Y, por desgracia, no se puede descartar el hecho de que hasta los criminales vean un beneficio en un esfuerzo presidencial que primero se enfocó en llegar a un número acotado de desapariciones que es, en términos redondos, un tercio de las que se suponían. No abona, para empezar, a un sentido de urgencia: miren, ya son menos.
Encima, desde la semana pasada la delincuencia escucha a la presidenta rechazar ayuda de la ONU y aseverar que el Estado no está rebasado: es decir, el crimen recibe el mensaje de que el statu quo, ese que les ha permitido actuar a sus anchas por lustros, seguirá.
El resultado previsible sería más simulación de las instituciones de procuración de justicia, que se traduciría en aún mayor impunidad y maximización de las oportunidades de los criminales para robar, extorsionar, matar y, por supuesto, desaparecer.