Al alcalde Carlos Manzo lo asesinó una maquinaria de la putrefacción mexicana.
La inacabada reconstrucción pericial de la muerte del presidente municipal de Uruapan da cuenta de un complot que abarca desde un alto mando del cártel más temible de México hasta un anexo, una de esas mazmorras toleradas como centros de rehabilitación de adictos.
Mensajes de telefonía de los perpetradores, según sostienen las autoridades, revelan cómo las órdenes habrían bajado desde la élite regional del Nueva Generación hasta un adolescente de 17 años que accionó el arma con la que él mismo sería ejecutado por escoltas de Manzo, muerte que aún está por esclarecerse.
El operativo es de tal magnitud y sofisticación que autoridades michoacanas creen que alguien del entorno de Manzo reportaba en tiempo real para los asesinos.
Y mientras gana reconocimiento el secretario federal Omar García Harfuch, surge una duda: por qué no se ha visto al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, atender, junto a figuras de similar calibre, la crisis que puso de cabeza al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre por Víctor Manuel “N”, adolescente que, tras ser reclutado en un anexo, formó parte de la misma célula criminal junto con Fernando Josué “N” y un cómplice llamado Ramiro “N”; estos dos últimos aparecerían asesinados el 10 de noviembre rumbo a Paracho.
Semanas después fue detenido y ya está en el penal de Almoloya Jorge Armando “N”, apodado El Licenciado, quien, según las autoridades, opera directamente para Ramón Álvarez Ayala, El R1, lugarteniente del líder máximo del Nueva Generación.
El reclutador del asesino presuntamente también ya fue detenido. Las primeras audiencias revelaron que hubo una oferta de dos millones de pesos por el asesinato y que Fernando Josué y Víctor Manuel fueron entrenados en el uso de armas.
Cada nueva pieza del rompecabezas confirma que, lejos de un incidente marginal, el atentado contra Manzo era prioritario para el cártel al punto de que el asesino tenía órdenes de disparar sin importar otras bajas, y que previamente ya habían intentado matarlo.
Si se quiere aún más prueba de que esto pudo incluir primerizos, pero no es un trabajo improvisado, sobra decir que Ramiro “N” tenía antecedentes delictivos por uso de arma de fuego y, en una carta póstuma a su pareja, le advertía que no declarara ante la fiscalía en Uruapan porque ésta estaba infiltrada por El Licenciado, definido por el secretario García Harfuch como un autor intelectual, en tanto coordinó el asesinato.
Finalmente: a reserva de que lo que ocurra en las próximas horas en las audiencias donde se presentará a los integrantes de la escolta personal de Manzo, que inicialmente fueron acusados de homicidio por omisión, está por verse si se confirma que algún integrante de esa guardia, u otro personaje del entorno del alcalde, popular por su sombrero, fungía como soplón y cómplice de la ejecución del edil.
De seguir las cosas por ese camino, muy pronto se podría conocer el móvil del atentado que hizo que la presidenta Sheinbaum lanzara un controvertido plan para la justicia y la paz en Michoacán y que encarara las protestas callejeras más ruidosas de su joven sexenio.
¿Por todo lo anterior, no es raro que Gertz Manero no goce de protagonismo en este caso? Aunque se ha mencionado que personal a su cargo ha participado en algunas pesquisas, ¿será que alguien no quiere que la FGR tenga un rol central e investigue en Michoacán?
A pesar de todo lo aquí reseñado, ¿terminaremos en un caso del fuero común? ¿Será realmente conveniente dejarle el peso de un expediente así al gobernador Ramírez Bedolla y a su fiscalía?