Hoy viernes una jueza decidirá si el exgobernador Javier Duarte sale libre por buena conducta, tras haber cumplido el plazo que le permite una preliberación. Si así ocurre, será una enorme bofetada a cientos de familias de víctimas de violencia de ese desgobierno en Veracruz.
Sobre Duarte se ha denunciado, con razón, el entramado de empresas fantasma que durante su sexenio florecieron para succionar miles de millones de pesos del erario. Mas su libertad sería la última burla de Javidú en otro tema: se iría sin responder por la Muerte, con mayúscula, en su sexenio.
Si les parece, estiremos un poco una comparación. Con fines ilustrativos, desde luego, y sin machacar la presunción de inocencia de nadie: qué pensarían si en ocho años sale, sin más, de la cárcel ese a quien hoy acusan de ser cabeza de La Barredora; si tras imputarle algunos desvíos al jefe de la policía de Adán Augusto se le concede una preliberación por buena conducta, y de los muertos nadie sabe, nadie supo. Pues algo por el estilo podríamos atestiguar hoy.
Hace un par de años Daniel Moreno, Jacobo Dayán y Paris Martínez se empeñaron (ese es el verbo correcto) en que la amnesia no cayera sobre crímenes perpetrados en contra de personas, que sin probárseles culpa o flagrantemente inocentes, fueron desaparecidas o ejecutadas por criminales con permiso para matar de algunas autoridades, o directamente por estas. Uno de los estados donde más ocurrió, según la base de datos que integraron con ayuda de otros periodistas, fue, para sorpresa de nadie con un poco de memoria de lo que fue el sexenio duartista, Veracruz.
“La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas, que lograron ser identificados a través de esta investigación, se concentró en el estado de Veracruz, con 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%)”, dicen Dayán, Moreno y Martínez en ese reportaje que se editaría en podcast y en libro con el nombre, precisamente, de Permiso para matar.
Los autores pudieron documentar, entre 2006 y 2022, “al menos mil 524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos directamente por cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas”.
Obvio, Javidú no estuvo en el cargo todo ese tiempo. Es más, ni acabó su sexenio, pues huyó. Sin embargo, antes de caer de la gracia de Peña Nieto, entonces presidente, su estado se convirtió en sinónimo de narcofosas.
Aunque hay polémica sobre si Stalin dijo eso de que un muerto de hambre es una tragedia, un millón de muertos en hambruna es una estadística, en el caso de Veracruz aplica –con el debido respeto a cada familia con una víctima de desaparición o asesinato–.
¿Recuerdan los 35 cadáveres en el WTC de Boca del Río en septiembre de 2011? La imagen era atroz, pero qué decir de fosas (Colinas de Santa Fe) con casi 300 cráneos. Las estadísticas juegan en contra de la justicia. Por eso conviene recuperar eso del WTC.
Al poco tiempo el gobernador Duarte se refirió al caso ahí mismo en Boca del Río y dijo que “los que eligen mal terminan mal”.
En Animal Político, donde germinó el libro Permiso para matar, en 2023 reconstruyeron ese caso para denunciar esto: “Duarte omitió mencionar que al menos 25 de ellas fueron secuestradas por policías estatales, para ser torturadas y ejecutadas. Tampoco dijo que la mayoría eran personas inocentes, totalmente desvinculadas de la actividad de Los Zetas o cualquier otro grupo criminal”.
El día que Duarte dijo eso, otras 14 personas aparecieron asesinadas en su estado.
La Barredora en Tabasco, el involucramiento de jefes de la policía en el crimen, ha remecido (o será que ya debemos darlo en pasado: remeció, pues parece que el típico carpetazo del caso se comienza a configurar) al gobierno federal y escandalizado al país.
Hace no mucho, el permiso para matar en Veracruz nos erizaba. Por eso Duarte tiene mucho que contar sobre la violencia. Y yo no soy abogado, pero masacres cometidas con complicidad de autoridades, es una presunción periodística, no deberían quedar impunes por tecnicismos de la extradición del exgobernador Javidú.