No por ser previsible, casi de manual, deja de representar un nuevo punto bajo de los que no eran iguales.
Hace 12 años, al poco tiempo de la irrupción de las autodefensas michoacanas, el gobierno de Peña Nieto comenzó a distribuir lo que, entre colegas, se llama “carne podrida”: en ese caso, fichas de antecedentes policiacos en Estados Unidos de líderes de los sublevados.
Para la administración peñista era urgente desacreditar a José Manuel Mireles y a Hipólito Mora, dos de los más conspicuos voceros de aquel levantamiento por hartazgo ante el yugo de los extorsionadores. Mejor manchar la fama del rebelde que atender su reclamo.
El alcalde Carlos Manzo padece desde hace días una suerte más o menos similar. Una jauría en redes sociales ha procedido a lo que en inglés es llamado “character assassination”, un ataque mediático a la reputación de una persona. En este caso, sí, de una víctima.
No sólo son las redes sociales y sus infames titiriteros. Son también gobiernos morenistas, la federación y el de Michoacán, que por igual han sido nada prolijos: 1) para no revictimizar a un asesinado y 2) en el debido proceso de las indagatorias.
Este martes, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo algo que, a querer o no, contribuye a engrosar la noción de que Manzo no sólo tenía una agenda política “cuestionable” (cosa que se dice en TV y en las redes), sino que habría incurrido en algún tipo de negligencia.
El general Trevilla declaró en la mañanera algo así como que, si el muerto hubiera permitido a la Guardia Nacional cuidarle, quizá otro escenario se estaría viviendo hoy, distinto a la tragedia que envuelve a la familia Manzo. Aquí las preguntas que le hicieron y sus respuestas:
-¿Qué tiene que cambiar en los protocolos de cuidado de algunos funcionarios? En este caso estamos hablando de presidentes municipales. Sobre todo, porque usted, como mencionaba, este protocolo falló, a final de cuentas, bajo el resguardo que debía tener de seguridad fue asesinado. Si ¿no vieron venir, por ejemplo, que en un evento público, pues masivo, hasta cierto punto, pues no corriera este tipo de riesgos?
-El protocolo no falló, falló el… otro. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar, para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer.
-¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese acto?
-La Fiscalía General del Estado tiene el asunto; está haciendo la investigación, ellos determinarán.
Lo que el general Trevilla no advierte es que es juez y parte de lo que dice, en más de un sentido. Si las preguntas importantes siguen siendo, y para el gobierno deberían ser las prioritarias, quién y por qué mataron a Manzo, él tiene vela en esas investigaciones.
La Guardia Nacional debe ser investigada sobre su actuar antes y durante el asesinato. El domingo, en la primera comparecencia del gabinete de seguridad, el secretario Trevilla a lo más que llegó fue a decir que eran 14 los elementos que le habían asignado a Manzo.
Que el alcalde fallecido confiara más (e incluso –como hipótesis de investigación– en exceso) en su policía municipal, no obsta para que la federación entregue a autoridades competentes y a la sociedad un reporte sobre el actuar de la Guardia Nacional asignada.
Pudo antes el gobierno federal improvisar su plan para Michoacán que instancias de seguridad avanzar en detener a los autores intelectuales o en esclarecer, públicamente, la mecánica de los hechos. En todo caso, si lo anterior es porque las pesquisas siguen, más obligada resulta la discreción. Y no sólo del general, sino de Alfredo Ramírez Bedolla.
Si la Guardia Nacional y la Defensa deben rendir cuentas del tiempo que cuidaron (es un decir) al alcalde asesinado, el gobernador de Michoacán está aún más comprometido a clarificar su responsabilidad y la de sus policías.
A menos de que el objetivo de federación y gubernatura sea uno mismo: establecer en el círculo cercano a Manzo el peso de los hechos que fatalmente le alcanzaron. Algo así como: no sólo era bocón, sino imprudente y –agregan voces filomorenas– bukelista.
Están a dos de permitir (¿o la palabra correcta es alentar?) que a Carlos Manzo se le entierre por segunda vez: a su reputación como político y, desde luego, a su lucha, su reclamo de justicia y su legado, que pretende instituirse en inoportuno e incómodo movimiento.