Uno de cada cinco cigarros consumidos en México es ilegal. Ese mercado negro detonó luego de que en 2011 la tasa impositiva subió 30%. Se calcula en 13 mil millones de pesos la pérdida fiscal por ese huachicol, que, sin embargo, es silencioso.
En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México se presentó ayer el estudio “La lógica de la comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México”. Los datos citados son parte del mismo, una radiografía de otra deficiencia del Estado.
Coordinado por Sergio Aguayo y con Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán como principales investigadores, el texto confirma eso que cualquiera nota en mercados, tianguis, bares, restaurantes, estanquillos: hay una multiplicación de marcas de cigarros… raros.
O raros para quienes no tienen que decidir como factor principal de ese consumo el precio, pues ciertas cajetillas de productos no legales, siempre de acuerdo con la investigación, cuestan hasta cuatro veces menos que el precio ordinario de las marcas más reconocidas.
Pérez Aguirre y Roldán explican en el texto que hay dinámicas internacionales y locales involucradas; se trata de operaciones que no pocas veces se complementan.
Hay cigarrillos ilegales de procedencia extranjera que llegan por ambas fronteras –el paso no es ilegal en muchos países, incluido Estados Unidos– y otros que son de producción nacional.
Se trata de productos que buscan satisfacer la demanda de, según la encuesta de Ensanut de 2022, 19.5% de la población adulta que reconoce tener el hábito de fumar, y lo mismo de 4.6% de adolescentes.
Los autores del estudio establecen que el eslabón más débil de esta cadena de venta ilegal, calificada como “la caja chica del crimen organizado”, está en los tenderos, que son obligados a vender cajetillas que no cuentan con registros sanitarios.
Según estimaciones, el problema podría ser aún más álgido en la frontera norte, donde, según se cita en el documento, “hasta 90% de los tenderos están extorsionados”.
En la revisión que los autores han hecho, citan un reportaje de Milenio donde, en octubre de 2024, se reveló que hombres vestidos como policías ministeriales habían realizado alrededor de 300 operativos ilegales en tienditas para prohibir la venta de cajetillas que no fuera de “una empresa llamada TIH”.
Sin embargo, el documento del Seminario sobre Violencia y Paz dibuja una realidad donde la cobertura periodística de este problema es escasa, como escasísimos son también los decomisos: según la revisión hemerográfica del estudio, en 2015 hubo cinco decomisos, en 2016 ocho, en 2017 tres, en 2020 siete, cuatro en 2022, dos en 2023, cuatro en 2024 y siete en 2025 (sí, los investigadores no reportaron hallazgos hemerográficos en 2018 y 2019).
El problema de los cigarrillos ilegales no es, desde luego, sólo fiscal, así sean, reitero, 13 mil millones de pesos lo que se calcula que se evade (monto que, según los autores, con el aumento de IEPS en 2026 podría elevarse a 30 mil millones de pesos).
Lo que deja de percibir el Estado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –que los productos fuera de la ley no reportan– es sólo parte del problema. ¿Qué calidad de productos están fumando esos que pagan la tercera o cuarta parte por una cajetilla? ¿Qué daño o adicción producen? Ni idea.
El estudio está en proceso de aportar aún más información. Por lo pronto, ¿recuerdan que ahora está en la Constitución la prohibición de vapers? Pues eso, le dimos al crimen organizado toda una nueva línea de negocio.