Concluido el aberrante plazo en el cual una ciudadana de Sonora tuvo que disculparse con la diputada del Partido del Trabajo, hoy conocida como Dato Protegido, es necesario no permitir que el escándalo se diluya como si nada, como si no implicara temas trascendentales.
Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras son una pareja de diputados que se echaron el spot mediático encima por lo que no pocos consideraron una forma abusiva de castigar a quien deslizó sospechas sobre la manera en que la segunda se hizo diputada.
La ciudadana Karla María Estrella ya publicó las 30 disculpas que le fueron impuestas, sanción que incluyó multa y ser registrada como violentadora de género. Gutiérrez Luna y Barreras vieron resarcido lo que creían un daño, pero ahora tendrían que explicar otras cosas.
Porque el caso Dato Protegido envuelve dinámicas relevantes para la sociedad y su relación con los poderosos. Éstas van desde una discusión de si ha nacido una nueva forma de imponer censura o temor utilizando tribunales electorales, hasta sospechas de corrupción.
Si todo queda en polémica, si mañana otro escándalo similar o mayor hace pasar la página, estaríamos perdiendo la oportunidad, y faltando a la responsabilidad, de sacar las lecciones necesarias de la intentona draconiana de una pareja empoderada que forma parte del régimen.
En particular es necesario apuntar, dado que ya otros lo han hecho con el tema de la censura y eso seguirá, el cuestionamiento hacia el trasfondo de varias revelaciones del periodista tapatío Jorge García Orozco sobre un estilo de vida lejos de la modestia.
No es cuestión de gustos o de estilos, es obligación ciudadana cuestionar a legisladores si pueden explicar el origen de bienes o prendas que contrastan no con una filosofía de austeridad, sino con ingresos de servidores públicos.
García Orozco hizo, con periodismo básico y puntual, el deleite de las redes sociales al exhibir una galería de prendas y joyas, y hasta arte, que los legisladores mencionados han subido a sus redes sociales. La pregunta es, quién pompó, o más específicamente cómo se pompó.
El primer interesado en aclarar esto es el partido que prometió, desde su fundador hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, una nueva política, un modo honrado de vivir, una lejanía del derroche o fantochadas propias de algunos que adoran el dinero.
Morena ha sido pura saliva al respecto del caso Gutiérrez Luna y Barreras. Puras llamadas a misa que nadie toma en serio.
Lo que Morena no quiere, debería hacerlo la oposición, y sin duda la opinión pública. Sobre todo con respecto al diputado Gutiérrez Luna, que ha ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados desde el año pasado, tras el fallecimiento de doña Ifigenia Martínez.
¿Y por dónde empezar? Un poco por donde ya ha apuntado García Orozco: desde empresas en las que el nombre del legislador aparecería como otorgante de contratos hasta el número de personas que tiene a su disposición como alto funcionario de San Lázaro.
No hay que darle alas a los alacranes, pero ahora que se va a discutir una reforma electoral, por qué no revisar de una vez por todas la estructura burocrática en que están convertidos congresos de los estados y el mismísimo de la Unión.
Hace año y medio, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) encontró que el Congreso de Jalisco tenía más de mil empleados, o dicho de otra manera, prácticamente el doble que el Congreso de Chile.
El Poder Legislativo debe ser revisado. Eliminar estructuras hechas para pagar favores. Y abrirse a la transparencia. ¿O a poco ustedes creen que cuando llegó Morena en 2018 se acabaron las partidas especiales para diputados de todos los niveles?
Eso sería el aporte democrático, no intencional desde luego, de Gutiérrez Luna y Barreras: que su caso provoque reestructura y limpieza en el Congreso. Pero, pero quizá además de Morena y aliados, eso tampoco le interesa a la oposición.