“Es falso. Es mentira… que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto”. Mañanera del 2 de julio de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo.
La presidenta dice que críticos y opositores mienten sobre las reformas aprobadas esta semana en el Congreso. Asegura que su gobierno no espía, que se requerirá orden judicial para intervenciones telefónicas, y que ellos no pueden espiar porque fueron espiados.
Aquí hay verdades a medias, un dramático cambio en las capacidades de órganos policiacos y gubernamentales para conocer en tiempo real demasiada información ciudadana, y dudas sobre la credibilidad de Morena: cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.
Comencemos por las cartas credenciales del gobierno para decir que actuará con apego a la ley, incluso a unas tan permisivas, cuando en tiempo real vea las bases de datos que registrarán lo que hace un ciudadano con su CURP biométrica, ese chip que lo delatará 24/7.
Desde que el obradorismo es gobierno, hemos visto –contra toda ley y contra todo decoro político, si tal cosa no mueve a la risa–, que desde el micrófono más empoderado del país se han revelado teléfonos de periodistas, sueldos de locutores y activistas, y supuestas inconsistencias financieras o presuntos delitos de exfuncionarios; se ha utilizado la UIF para perseguir a ONG, se ha vulnerado el debido proceso, culpado a jueces de resoluciones sin asumir errores o insuficiencias legales de ministerios públicos, se ha tolerado la persecución de fiscales en contra de ciudadanos o de funcionarios de otros ámbitos, se ha espiado con Pegasus (incluso a miembros del propio gabinete), se toleran leyes y actos de censura de gobernadores contra ciudadanos, se extinguió el Inai, se colonizó el INE (que ahora demanda a periodistas revelar sus fuentes), se evisceró la CNDH, que tiro por viaje defiende al gobierno y no a las víctimas, se le dice en público a la Suprema Corte cómo ha de votar y, por si ya se les olvidó, con ayuda de fiscalías y el tribunal electoral se obliga a ciudadanos a ofrecer disculpas públicas a legisladores morenistas. Ah, pero a ellos los espiaron más…
Con esa credibilidad (resumen nada exhaustivo de lo hecho desde 2018, por cierto), ahora el gobierno dice: no te preocupes, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia van a tener acceso en tiempo real, sin mediar control judicial, a toda base de datos y/o registro de datos biométricos que irás dejando en tu banco, en tus reportes fiscales, en tus visitas a médicos, farmacias y laboratorios, en tu transporte, en consumo en apps...
¿Y a tus llamadas? A eso sólo en el caso de peligro de la integridad de otros en el marco de un delito. Pero en caso de riesgo excepcional pueden pedir acceso a tu telefónica y ya luego ir con un juez y ratificar/justificar eso… ¿tú crees que hacen lo segundo? Si sí, el 6 de enero busca bajo el árbol.
La presidenta ayer felicitó a los partidos oficialistas por estas leyes. No al Congreso plural, donde voces disidentes lograron una menos pior Ley de Telecomunicaciones. Porque ése es también un dato: piden que confíes, pero si no militas de su lado, no existes ni en el discurso.
En tal contexto ya sólo queda preguntar: ¿a cambio de qué? ¿Perdemos privacidad, pero habrá paz? Hmmm. ¿Y será parejo el combate? ¿A los políticos de casa se les perseguirá? ¿O a esos ni con la mugre que salga en su CURP biométrica se les procesará?