El cómputo de votos para la Suprema Corte daba ayer tendencias que permiten decir que básicamente personas ligadas al oficialismo integrarán esa instancia. Si algo similar ocurriera al computarse los más de 800 cargos federales en pugna, ¿de veras el domingo hubo una elección?
Una autopsia de lo ocurrido el 1 de junio debe comenzar por enfocarnos estrictamente en el proceso electoral. Porque independientemente de si era buena idea votar por jueces, las campañas las gana quien sabe aprovecharlas, no necesariamente los favoritos, los famosos o los candidatos “lógicos”.
Por eso, leeremos la historia de cómo es que ayer, con 76% de actas computadas, Hugo Aguilar Ortiz no sólo superaba a las dos “grandes favoritas”, Lenia Batres y Yazmín Esquivel, sino que aventajaba por casi 2 millones de votos al siguiente hombre en la contienda.
¿Tuvo que ver para esa ventaja de Aguilar Ortiz que somos un país donde 23 millones de personas se autoidentifican (INEGI 2020) como indígenas? ¿Esa intención de voto la pasaron por alto las encuestas que trajeron a Esquivel siempre arriba de Hugo e incluso de Lenia?
La campaña judicial tiene que ser analizada en sí misma y no sólo porque tendremos otra en 2027. Contra lo que desearía Morena, que ayer festejó los resultados como si de un hito se tratara, el cómo y de dónde surgieron estos millones de sufragios es materia esencial.
Se tiene que volver, de saque, al tema de la equidad.
Porque si una persona ganadora rebasó el tope de gastos (ese millón 468 mil 841 pesos que ah qué rendidores le resultaron a esas y esos que rumbo a la Corte vimos inundar prensa y redes) no sólo fue injusto en contra de candidaturas independientes, sino del propio régimen.
Que las campañas se volvieran un terreno medio parejo se debió a que la entonces oposición cardenista/perredista y la panista propugnaron por la imparcialidad de los medios, el acceso equitativo a espacios y, desde luego, la fiscalización y el castigo a los infractores.
Al correr de los días, cuando se vayan dando los resultados por parte del INE, toda victoria tendría que ser sujeta a una revisión pública de su campaña. (Como pueden advertir, no sueño con una fiscalización del INE de Guadalupe Taddei o del tribunal de Mónica Soto).
Es decir, el cómputo no debería ser el fin de la elección, dado que en este proceso nos faltaron, desde la prensa y la sociedad, capacidades para ver-reportar-vigilar miles de campañas simultáneamente. Terminadas éstas, sería más fácil revisar méritos o despropósitos de las candidaturas que se alzaron con la victoria.
Hay que comenzar con las tres ministras que desde el cargo se aprestan a repetir. Cuánto gastaron, cómo, dónde. Quién les hizo llegar tanta silla en los mítines, tanto asiento en los sets de radio y televisión, tanto youtuber, tanto boleto de avión y camionetota…
Sacar lecciones es obligado. La sociedad no se debe permitir la repetición calcada de un proceso que, por ejemplo, incluyó la incompetencia, evidente y evidenciada, del comité de selección del Poder Legislativo.
Y hay que hacer el juicio de los acordeones. Quién patrocinó ese ilegal mecanismo de masiva repartición. Con nombres y apellidos, costos y procedimientos.
La elección, para poder ser llamada así, ha de suponer que hubo posibilidad de competir en igualdad de condiciones, y que habiéndose llevado a cabo la votación, el resultado no es producto de una conducta fraudulenta. El cómputo, lo cuantitativo, no lo es todo.
Falta, pues, para saber qué pasó realmente el domingo, cuánto fue una operación de Estado, y no una genuina elección. Porque a pesar de todo, no debería ser normal que básicamente cercanos a Morena vayan a integrar al Suprema Corte. Para empezar.