La resolución del caso Morán-Cuevas, donde la Suprema Corte le plantó un 11 a 0 al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue saludado por la opinión pública como la corrección de una gran injusticia. Mas se trata de apenas uno de los casos en que el actuar de la fiscalía deja mucho qué desear.
Y es que no es necesario ir a la cárcel para sentir el rigor de la injusticia, y si no que lo digan las y los científicos que aún padecen acusaciones de la FGR, caso que ha perdido visibilidad, pero que para los involucrados sigue representando un viacrucis. Pongamos, por ejemplo, el juicio a sólo dos de ellos, a Marcial Bonilla Marín y a Teresa de León Zamora.
Ella es maestra en ciencias y fue directora de Comercialización de Tecnologías del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él, doctor en biofísica, fue secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Como a los otros 29 académicos, la Fiscalía General de la República les imputó delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y delincuencia organizada. Y para ellos, que estuvieron en los comités donde se asignaban los recursos al llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fiscalía General de la República pidió apresarlos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Han sido meses de zozobra para De León Zamora y Bonilla Marín. Sobra recordar que no fueron citados ni se ordenó que la fuerza pública los llevara ante un juez: la fiscalía pretendió que el juez girara no sólo orden de aprehensión, sino internamiento en Almoloya de Juárez, pues según los ministerios públicos de Gertz Manero se trata de un grupo de la delincuencia organizada perfectamente estructurado con una gran capacidad organizativa. Ni el Cártel de Sinaloa.
En su momento el juez federal Gregorio Salazar Hernández negó la orden de aprehensión al establecer que las dispersiones fueron lícitas, amparadas en la legalidad. Eso fue desde septiembre, pero es hora que la FGR ni presenta pruebas de los presuntos ilícitos ni acepta el no ejercicio de la acción penal, que fue solicitado por la defensa de estos dos científicos desde diciembre.
Y este lunes, ante el juez Salazar Hernández, el ministerio público, al negarse en la audiencia a determinar el no ejercicio de la acción penal, adujo que una persona puede permanecer investigada porque ellos son la fiscalía.
El juez, sin embargo, determinó esta semana que dentro de un plazo razonable el MP deberá determinar el no ejercicio de la acción penal o judicializar el caso, para lo que la fiscalía debería dar una respuesta exhaustiva y congruente demostrando, de ser el caso, las razones por las que los hechos atribuidos a Bonilla Marín y a De León Zamora resultan ser ilegales, según informaron los abogados defensores Marco Tulio Martínez Cosío y Carlos Herce Orozco.
Desde agosto Bonilla Marín y De León Zamora tienen que dedicarse a atajar estas acusaciones, a todas luces desproporcionadas, de la gente de Gertz Manero.
No, no están en la cárcel. Pero eso es sólo porque el juez federal Gregorio Salazar Hernández no se prestó a los deseos de la FGR.
La pregunta ahora es –transcurridos ocho meses–: cuánto más tardará el Ministerio Público en aceptar que no tiene un caso real o, en el escenario de que considere tener elementos, llevarlos ante el juez para que finalmente inicie el juicio.
El fallo de la Suprema Corte del mes pasado le quitó una gran losa a una familia, faltan al menos 31 más, las de los científicos.
