Las madres buscadoras tienen que rascar la tierra con sus propias manos y muy pocas veces son acompañadas o apoyadas por algún agente gubernamental. Esa realidad contrasta con lo visto en Matamoros: una rueda de prensa para informar del secuestro de los ciudadanos de Estados Unidos ameritó la presencia de tres secretarios de Estado.
El que el martes hayan podido dar con el paradero de los secuestrados el viernes, el que afortunadamente hayan sido encontradas con vida al menos dos de esas víctimas, es una realidad desconocida, e impensable, para las familias mexicanas que denuncian la desaparición de uno de sus integrantes.
Pero, al mismo tiempo, esta eficacia selectiva enervará a miles de hogares en todo México, a madres, padres y hermanos de desaparecidos que nunca se cansan de ir a fiscalías donde los expedientes de sus seres queridos son sólo peso muerto en un archivo.
El Estado mostró que puede, pero nada más en casos de excepción, sólo cuando la presión amenaza con desbordarle en otras agendas, en otros ámbitos. Si el que reclama es nacional, entonces a lo más que llegará el gobierno federal es a dar informes de esos llamados cero impunidad desde el cómodo estrado de la mañanera.
Así será en tanto las víctimas no acumulen el poder suficiente para forzar que el gobierno les atienda con diligencia, para que lo que hoy es una obligación desdeñada se vuelva un tema impostergable.
Encima, las víctimas de crímenes –desapariciones, secuestros, asesinatos, “confusiones”, etcétera– ven con impotencia que no hay partido o agente social con influencia que acompañe y menos abandere su lucha.
El sistema de partidos no quiere abanderar esa causa. El oficialismo, que en parte llegó al poder por los agravios de la falta de justicia del prianismo, hoy atiende a cuentagotas ese drama nacional. Ha despreciado cualquier encuentro con víctimas que no sean de Ayotzinapa, y Palacio Nacional voltea a otro lado cuando se reclaman desaparecidos, feminicidios, asesinatos, masacres.
La oposición tampoco ofrece alternativa: prácticamente todos sus gobiernos estatales han sido caracterizados por la indolencia y la ineficacia. Esta semana, para no ir más lejos, un reportaje de Nmas desenmascaró al gobernador de Nuevo León, quien con más de 900 mujeres desaparecidas en esa entidad no se dio tiempo para recibir a la reportera Alejandra Barriguete, que durante meses le pidió declarar sobre esa historia a fin de explicar por qué no hacen nada a la altura del gran estado que presumen ser.
De ahí que la pregunta es si habrá algún actor político, actual o por surgir, que pueda hacer que la falta de justicia se vuelva el tema prioritario que hoy no es. O si serán varias madres buscadoras las que de alguna manera articulen la resistencia y la protesta políticas que logren que su lucha se vuelva central en la agenda pública.
Los filos de la falta de justicia calan más porque el presidente López Obrador carece de la empatía indispensable para entender que lo ocurrido en Matamoros revictimiza a mexicanas que no han recibido del Estado ni una diligencia, ni una pesquisa, ni una cosa que no sea tortuguismo y desprecio.
¿Alguien logrará que la falta de justicia se convierta en tema electoral, o todos ya descontamos el agravio de vivir en la impunidad?
