La moda son los exgobernadores en fuga (Puig dixit). Sin embargo, y en medio del espectáculo policial donde Javidú juega un rol estelar, vale la pena reflexionar sobre las motivaciones que tendría un político para intentar sustraerse de la justicia.
El 18 de junio pasado entró en vigor un nuevo sistema de justicia penal. En él se han invertido ingentes cantidades de dinero para capacitación de policías, ministerios públicos, jueces y personal de los juzgados. Además, se gastaron millonadas en la adecuación de las salas judiciales a los nuevos formatos, que incluyen grabación y publicidad de los procesos.
En la ceremonia en el Altar a la Patria en la que hace diez meses fue anunciado formalmente el inicio de esa revolución en la manera en que son llevados los juicios estaban, acompañando al presidente Enrique Peña Nieto, Javier y César Duarte, hoy emblemas de políticos evasores de la justicia.
Mal haría cualquiera en sorprenderse de que un día un gobernador aplauda un sistema judicial y a los pocos meses salga del país en un intento de sustraerse del mismo, pero además de un cinismo nada raro en la clase política, qué esconde la huida de alguien que ocupó un alto puesto en la administración pública.
De una manera torcida los Duarte nos recuerdan que el sistema de justicia mexicano es poco o nada confiable.
El escenario ideal sería uno donde el sistema judicial fuera tan robusto y serio que a nadie se le ocurriera –salvo en una desesperación irracional– intentar probarse más listo que la justicia cuando ya ésta ha puesto los ojos en uno.
En cambio, los Duarte et al no se evaden por temor a la efectividad de nuestro sistema, sino a sabiendas de sus grandes defectos, vicios que encima pueden ser utilizados discrecionalmente para torcer los hilos de la justicia hacia cualquier lado.
Si un criminal común, digamos El Chapo, huyó fincando su éxito en la alta probabilidad que tendría de corromper a los policías que le persiguieran, se puede decir que un político que huye espera lograr lo mismo en una negociación de alto nivel. El primero huye esperanzado en la debilidad institucional a ras del suelo, el segundo quiere ampliar sus capacidades extralegales de defensa negociando con los de su clase, encargados en buena medida de perseguirle.
Porque en los casos que ocupan hoy la atención de la opinión pública no resulta correcto describir, ya se dijo aquí el lunes, a quienes intentan escapar de la justicia como gente que está a salto de mata. Y de ellos, menos que a nadie, al exgobernador Eugenio Hernández, habitué de cuanto restaurante caro haya en Polanco.
Claro que cabe la posibilidad de que, como cualquier mortal, estos políticos huyan simplemente porque se saben culpables y, humanamente, buscan evadir las consecuencias de sus actos.
Otra explicación posible es que estamos ante el fin de un ciclo: una generación de priistas creyó que su retorno era para siempre (que durarían en Los Pinos varios sexenios, se entiende) y con ese horizonte de impunidad garantizada no se midieron. La alta probabilidad de que el tricolor pierda el 2018, y la multiplicación de los fracasos en las elecciones locales, les modificó un guion que no contemplaba rendir cuenta alguna.
Entonces la explicación sería que huyen simplemente porque nunca entendieron el poder del voto. Y hoy no saben dónde meterse, pues aunque logren algunas condiciones (no entambar a la expresidenta del DIF estatal, digamos), no podrán contener la demanda ciudadana de justicia, que tendrá que activarse incluso con un sistema tan imperfecto como el nuestro.
