De Javier Duarte y su gobierno (es un decir) en Veracruz olvidemos la deuda, los ranchos, la frivolidad, la prepotencia, el desfalco y el hecho de que haya sido jefe de una camarilla de truhanes que, impunes, hoy pueblan cámaras de diputados o con descaro negocian candidaturas a alcaldías.
Perdonemos a este priista las empresas fantasmas, la avioneta cargada de millones en efectivo, los testamentos de los prestanombres, las tarjetas de crédito para los caprichos de su esposa, la pobreza de los veracruzanos e incluso su inquina en contra de los periodistas.
Pero lo que no deberíamos nunca perdonar o siquiera minimizar, lo que no deberíamos permitirnos pasar por alto es su responsabilidad en la desaparición, asesinato e inhumación clandestina de cientos de veracruzanos. Con eso debería bastar para que vaya a la cárcel y nunca salga de ella.
No es preciso ser fiscal de Veracruz para concluir que fosas clandestinas como las denunciadas por el Colectivo El Solecito en el puerto –donde se han encontrado restos de 249 personas–, o la del municipio de Alvarado, donde se contabilizaron 47 cráneos, ocurrieron sólo mediante la complicidad de autoridades estatales.
Si ha de ser por algo, Javier Duarte debe responder por esas masacres. Y no se trata de reclamarle su inhumana indiferencia con la tragedia de cientos de familias, sino de hacerlo responsable por incumplir su deber como gobernante.
Se trata, por principio, de poner a Duarte frente a las palabras que pronunció cuando tomó posesión, en diciembre de 2010, fecha en la que dijo: “No somos ajenos al reclamo de las familias que quieren sentirse tranquilas y seguras (…) La seguridad pública es una responsabilidad ineludible de mi mandato”. Hoy tenemos la obligación de recordar sus hechos.
Porque Duarte es ineludiblemente responsable de haber constituido un estado de cosas donde la intimidación era la única respuesta que obtenían aquellos que denunciaban la inseguridad. Así fue desde el inicio mismo del fallido sexenio de Duarte: en 2011 lo padecieron Javier Sicilia y sus acompañantes durante el paso de su caravana de víctimas por Veracruz, donde denunciaron acoso http://bit.ly/2nUdEc2.
Duarte instaló una realidad paralela para él y los suyos, donde sólo se permitía hablar de robos de Frutsis y Pingüinos en los Oxxo. En cambio, quienes denunciaban la violencia, como cuando en Orizaba en octubre de 2015 Araceli Salcedo reclamó la inacción de los colaboradores de Duarte ante la desaparición de su hija tres años atrás, lo que obtenían como respuesta era una campaña mediática de descalificaciones. Si Duarte se reía en público con los reclamos de Araceli Salcedo (aquí el video http://bit.ly/2nq0Mt2), sus colaboradores hicieron lo mismo: iban a lugares donde las víctimas habían denunciado fosas y ellos decían que no era cierto, negaban realidades de las que incluso la PGR daba fe. (http://bit.ly/2nCHDoq)
Hoy confirmamos que ni siquiera las muestras de ADN eran recopiladas y resguardadas debidamente, cosa que las madres denunciaban al menos desde inicios de 2016. (http://bit.ly/2azHk4y)
Empecemos con Duarte un cambio en la llamada lucha antricrimen, en la guerra que padecemos. Ese cambio, por cierto, no precisa de la detención del pillo. Que incluso en ausencia se le abran procedimientos por su probable responsabilidad en la muerte de cientos de personas. Como suena. Si el gobernante fue jefe de policías que están coludidos en cientos de desapariciones, si el mandatario toleró a fiscales que dolosamente provocaron impunidad, debe ser juzgado por esos hechos. Y si empezamos con Duarte, forzosamente deberemos seguir con otros gobernadores. Ellos, y nosotros, sabemos quiénes son. Eso sería un cambio.
