En el anterior sexenio la Procuraduría General de la República arrastró los pies frente al caso Odebrecht, el escándalo de sobornos más grande en América Latina, que involucró a una docena de países, incluido México.
El caso, conviene recordar, se conoció luego de que en una corte en Nueva York la empresa brasileña reconociera haber dado millones a cambio de favores o contratos en diversas naciones. Eso fue en diciembre de 2016. A partir de ello, la prensa de la región descubriría los detalles de esos hechos.
Expresidentes y políticos de varios niveles de los países donde Odebrecht sobornó se vieron en serios aprietos judiciales (algunos aún siguen). En México, en cambio, las cosas fueron muy diferentes. El nombre del presunto implicado tardaría meses en surgir y no fue por la acción gubernamental.
Cuando su nombre fue ligado con los casos de presunta corrupción, Emilio Lozoya era un apestado para casi la totalidad del grupo que conquistó para el PRI la Presidencia de la República en 2012. Ya no era director de Petróleos Mexicanos, y el todopoderoso Luis Videgaray lo tenía prácticamente vetado.
Empero, a la sombra del gobierno de Enrique Peña Nieto, Lozoya siguió en México. En ese tiempo no parecía preocupado por las revelaciones periodísticas que una y otra vez apuntaban a él como la persona que habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht.
La PGR fue lerda con respecto a hacer alianzas con autoridades de Brasil para saber más de la trama de Odebrecht en México y, por si fuera poco, se quedó sin titular en el último tramo del sexenio. Los encargados de despacho no atinaban a ir contra Lozoya. En pocas palabras, no querían moverle.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 la suerte de Lozoya cambió. El nuevo mandatario prometió combatir la corrupción y el caso Odebrecht, y otros escándalos de la gestión de Lozoya en Pemex, parecían el camino más fácil para demostrar que iban en serio.
Cinco años después hay que corregir la engañosa primera impresión que al respecto dio AMLO.
Si al arrancar el sexenio fue notorio que, a diferencia de la PGR peñista, la nueva Fiscalía General de la República mostraba decisión para investigar sobre Odebrecht y sobre una singular transacción de Pemex en tiempos de Lozoya con Altos Hornos de México, hoy los resultados de ello son casi nulos.
Ayer Emeequis publicó que Lozoya está a punto de ganarle a la FGR en uno de los juicios derivados de su supuesta corrupción. Los fiscales equivocaron la estrategia y el exfuncionario podría recuperar su casa de Lomas de Bezares por errores elementales de la Fiscalía General de la República.
El tema es que los fiscales intentaron lograr la extinción de dominio de ese inmueble utilizando una figura legal que no existía cuando, según pretende probar la FGR, se habría cometido el delito de lavado de dinero de procedencia ilícita.
Es tan sólo el último tropezón de la fiscalía de Alejandro Gertz Manero en los juicios que han emprendido en contra de Lozoya, quien había ofrecido pagar 10 millones de dólares para resarcir el daño a fin de lograr un acuerdo que le llevara a recuperar la libertad, pero el gobierno dijo que no.
Cancelada la negociación, el exdirector de Pemex ha sostenido sólo una defensa legal en la que va ganando. De seguir así las cosas, el final del sexenio probará el fracaso de AMLO para castigar la corrupción en dos casos muy escandalosos. Un gobierno no quiso, otro simplemente no pudo.
