Con arrojo no exento de comprensibles titubeos, el gobierno ha puesto en juego su consolidación a partir del sacudimiento de dos pilares de su propio poder –una fuerza armada y una fuerza política–: Marina y Morena.
A diferencia de otras veces, en esta no se echó mano del socorrido recurso de cargar contra el crimen profesional y sus socios políticos, yendo tras delincuentes y adversarios caídos en desgracia. No, esta ocasión, la causa se enderezó hacia el núcleo del propio poder en ejercicio. Un hecho tan fuerte e insólito, como necesario y riesgoso, cuyo desenlace jurídico y político acaso determine el porvenir del sexenio.
Sólo la mezquindad, el extravío, la miopía y el dogma de la oposición y la resistencia explican por qué esa expresión política menguante no acaba de entender el momento. La postura de ellas corresponde a la de un manual inaplicable, fincada en la gana de sacar raja política, así sea de la ruina o el escombro. Ni por asomo dimensionan la importancia de la operación oficial emprendida que sacude los cimientos del poder, más allá de las siglas de la fuerza que hoy lo ejerce. En la oposición y la resistencia, la consigna derrotó al criterio.
De sostenerse y continuarse, la reconocible y delicada decisión oficial obliga a considerar si este es el momento de remover también las bases del modelo electoral y el sistema de partidos con la pretendida reforma electoral, así como a no perder de vista la necesidad de llegar fortalecidos, no debilitados a la renegociación del tratado comercial regional, estando bajo asedio del socio principal. Procesos que corren en paralelo al lance emprendido.
Si ya se tocó el corazón del poder, más vale no poner en juego a la democracia y el desarrollo. Eso ya no sería un riesgo, sino un peligro.
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Las dos principales investigaciones criminales en curso lejos están de ser un caso más.
Pese al vano afán de formular deslindes sobre el alcance de las indagatorias –ahí, las contradicciones y titubeos del gobierno–, la del contrabando de combustibles que involucra a mandos altos de Marina, toca inexorablemente al exsecretario del ramo, el almirante Rafael Ojeda, sobre todo, al tener en cuenta que dos de esos oficiales navales son sobrinos políticos suyos. La del cártel criminal “La Barredora”, presuntamente fundada y liderada por Hernán Bermúdez Requena, cuando se desempeñó como secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, toca a ese político desahuciado que hoy coordina la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Ambas indagatorias, a su vez, desportillan la figura que de sí mismo quiso labrar el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si lo sucedido les acarrea consecuencias jurídicas a tales mandos navales y cuadros políticos de primer nivel está por verse, pero el efecto político es innegable. Es comprensible hasta cierto punto que, aun sin concluir la investigación criminal, desde el oficialismo se les quiera desvincular o exonerar a priori de cualquier liga con los directamente implicados, pero por la jactancia –por no decir, soberbia– de los dichos, particularmente, del exmandatario y el senador es imposible neutralizar o anular el impacto político.
Tanto Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López, una y otra vez, subrayaron que hasta de las hojas caídas de los árboles estaban al tanto los mandatarios a nivel federal o estatal. Refugiarse en el silencio o decir ahora que nada supieron es, por decir lo menos, imposible. En su lógica, el presidente de la República, el secretario de Marina y el entonces gobernador de Tabasco sabían cuántas gotas caían en una lluvia, presunción que ahora les impide argüir no haber sabido nada del vínculo de esos mandos navales o policiales con el crimen.
Desde esa perspectiva y dado el plausible giro en la política anticriminal por el actual gobierno resulta inocente ignorar por parte de la mandataria y el Gabinete de Seguridad –excepción hecha del fiscal de la República, cuya autonomía e independencia danzan al ritmo que le tocan– que, al actuar con firmeza, podrían toparse no con la punta, sino con el iceberg completo.
La prisa del exmandatario por cambiar el rol de las Fuerzas Armadas sin calcular los efectos secundarios indeseables y el pragmatismo alejado de principios que lo llevó a sumar a su causa a cuadros con más intereses que convicciones, es lo que hoy hace crisis y coloca al gobierno actual en un punto de no retorno. Frenar a estas alturas las indagatorias o intentar limitar su alcance debilitaría al gobierno, continuarlas asumiendo costos y consecuencias lo consolidaría, ampliando su margen de maniobra. Le permitiría estampar su sello.
Parafraseando al secretario de Marina, Raymundo Morales, es duro aceptarlo, pero sería peor y absolutamente imperdonable dar marcha atrás.
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En la circunstancia y ante la inminente negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el gobierno está obligado a salir fortalecido de la coyuntura nacional.
Acudir debilitado y con la autoridad disminuida a esa negociación podría colocar al gobierno contra la pared, sobre todo, considerando la presión de la potencia vecina que reclama ir no sólo por los criminales, sino también por los asociados políticos. Retroceder sería peor que un error. El sacudimiento de los cimientos del poder, no se aplaca con calmantes.
En todo caso, si se quieren evitar problemas extras a la crisis, este es el momento de decidir si tiene caso cimbrar ahora la base del modelo electoral y del sistema de partidos. Ese proyecto podría ahondar la confrontación con la oposición y la resistencia, al tiempo de fracturar la alianza del movimiento en el poder que, por lo demás, muestra falta de cohesión.