Sólo como un ardid se puede entender la batería de reformas constitucionales que el próximo lunes el presidente de la República hará finalmente pública y someterá al Congreso. Una estratagema en busca de dividendos, aun cuando no sean los manifiestamente pretendidos.
Dado el desarrollado instinto político del mandatario es impensable que, hasta ahora, en el ocaso del sexenio y en medio de la contienda electoral, haya advertido una cuestión elemental: la necesidad de transformar o, de plano, desaparecer políticas, prácticas, instituciones y órganos sobre los cuales, según su parecer, se cimenta la estructura del régimen político, el sistema judicial y el modelo económico que se propuso remover, sin tener muy claro qué construir en su lugar. No se le pudo pasar, así como así.
El punto delicado es que un resbalón en este nuevo acto de intrepidez política –por no decir, malabarismo o prestidigitación– puede acarrear consecuencias nocivas al propio proyecto lopezobradorista, así como a la oposición y desde luego a la estabilidad política y económica del país.
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Ante el nuevo lance presidencial, la postura de opositores, intelectuales y opinadores contrarios al gobierno varía.
Algunos conciben el lance como una maniobra distractora a fin de dominar la agenda del debate, pero la perciben como una treta inofensiva. Otros estiman conveniente pronunciarse a favor de algunas de las reformas, estableciendo condiciones incumplibles y, así, derivar y repartir los costos del probable desecho. Los más radicales sugieren aprobar algunas para dejar madurar la crisis implícita en ellas y, a pesar de las consecuencias, exhibir la presunta entraña negativa del proyecto lopezobradorista. Asimismo, están quienes ven en las iniciativas de reforma un disparate que, pese a su carácter, será menester resistir, aun con el costo político-electoral supuesto... pero, cuidado, el Ejecutivo siempre juega a ganar, aun cuando la recompensa no sea la esperada.
Algo es algo.
Esta vez, sin embargo, la astucia presidencial carece de perspectiva e ignora los frentes abiertos que comienzan a hacer mella en su gobierno, como lo son la indolencia ante violencia criminal y sus víctimas, la ineficaz actuación oficial ante corruptelas del pasado y el presente, los embates provenientes de fuera contra el mandatario y la continuación de su proyecto, así como los tirones y jaloneos al interior del movimiento que lo respalda y teme, ante la eventual ausencia de su liderazgo, carecer de una guía e intenta asegurar la continuidad a fuerza de reducir el margen de maniobra de la probable sucesora.
Pretender resolver en los tres meses de duración del periodo legislativo, encuadrado en la lucha por el poder, once proyectos de reformas constitucionales de enorme calado que tocan la nervadura del régimen político, el sistema judicial y el modelo económico es una osadía cuyo desenlace es de pronóstico reservado y pone en riesgo la estabilidad financiera y económica.
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Absurdamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce el tiempo y la velocidad como ingredientes fundamentales en el desarrollo de un plan y de la práctica política, pero –más de una vez se ha dicho aquí– confunde el tiempo con la coyuntura, perdiendo la noción de la estructura, y la velocidad con la prisa.
Hoy, cae de nuevo en esa confusión y, con ello, corre el peligro de no consolidar los logros, jugar con variables capaces de generar problemas y poner en duda la continuidad del proyecto emprendido por él, al tiempo de complicar las posibilidades de su muy probable sucesora, a quien deja por legado una situación cada vez más comprometida y compleja.
Algunos de los más fieles seguidores y exégetas del mandatario no niegan la posibilidad del rechazo total o parcial de las reformas constitucionales, pero justifican el envío de ellas al Congreso en el afán de dejar constancia del ideario de la autollamada Cuarta Transformación y testimonio de cómo, hasta al final del sexenio, Andrés Manuel López Obrador no cejó en el propósito de llevar a cabo un cambio de régimen que, aún hoy, no se perfila.
Esos intérpretes del mandatario veneran la política del consuelo –hice lo que pude, aunque pude poco– y amparan la frustración arguyendo contar con la razón histórica que no siempre es como la imaginan o la cuentan.
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Más allá de la pertinencia o impertinencia de las once reformas, lo lamentable es que otra vez se perderá la oportunidad de operar ajustes inteligentes y mesurados, no radicales y atropellados a instancias que por diseño o perversión dieron lugar a complejos aparatos o políticas que, por la pesadez de su estructura, incumplen debidamente con el objetivo para el cual fueron creados.
Lanzar iniciativas sin posibilidad de concretarlas en vez de alentar el afinamiento de esas estructuras, lo frena al punto de dejarlas aún más firmes. El coro opositor que clama esto o aquello “no-se-toca” revela que, aun cuando haya necesidad de correcciones, es mejor dejar las cosas como están. Eleva a rango de divisa, la mediocridad y el inmovilismo.
Por lo pronto, el presidente López Obrador ha conseguido fijar la agenda del debate, insertarse en la campaña electoral, desvanecer problemas importantes que amenazan el cierre del sexenio, hacerse de una bandera para fustigar a la oposición y, sobre la base de no negociar ni acordar, renovar la máxima foxista: el presidente propone y el Congreso dispone.
EN BREVE
Tras casi cinco años de calentar el asiento y más de uno de echar mano de argucias, chicanas y marrullerías judiciales, si la presunta ministra nada teme debería dejar que la UNAM y su comité de ética concluyan si es o no suya la tesis con la que se hizo del título de licenciada en derecho.
