La nueva estrategia de comunicación política de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido inaugurada con el deslinde de Guadalupe Taddei de Morena. Es masiva y apabullante. Parece espontánea, pero no lo es. Fue puesta en marcha para todo lo que se avecina: acusaciones penales contra los cuatro consejeros presidentes del IFE/INE, el control total del órgano electoral –ordenado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador– y un fraude de Estado el próximo año para que Morena consiga la mayoría calificada y pueda consolidar un régimen autoritario. Públicamente, la ‘4T’ dice que lo que están haciendo en el INE es todo lo contrario, fortalecer la democracia.
Repetir sistemáticamente que Taddei no fue impulsada ni protegida por Morena, sino de los gobiernos del PRI y del PAN, fue el detonador de la estrategia diseñada en Palacio Nacional por dos nuevas asesoras: Andrea de Anda, fundadora de la agencia Ojiva Consultores, especializada en comunicación digital, y Ana Areche Sáenz, una española que llegó a México como parte del equipo de un asesor político-electoral recomendado por el expresidente colombiano Gustavo Petro. Ambas fueron reclutadas por Iván Silva, un consultor que no existe en las nóminas del gobierno, pero que tiene oficinas en Palacio Nacional, como estratega en jefe para elecciones.
Es la tercera fase de la estrategia de comunicación política que se presentó en octubre y tuvo como primera misión negar el vínculo de Taddei, exconsejera presidenta del INE que, al ser atrapada en corruptelas millonarias, dejó de ser útil al régimen, y desplazar la responsabilidad de la corrupción hacia las administraciones de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación –que depende de la Cámara de Diputados, controlada por Morena– informó que tiene informantes y testigos colaboradores anónimos, que están aportando pruebas y documentación contra el cuarteto.
Las pinzas legales necesitan, para darle legitimidad a sus acciones vengativas y a la desviación de la corrupción dentro de la ‘4T’, la construcción de condiciones en la opinión pública para minimizar el impacto negativo en México y en el mundo que una acción contra los expresidentes consejeros probablemente tendría. Para eso desarrollaron la nueva estrategia de comunicación política, que tiene poco de comunicación y mucho de propaganda. Opera de manera simple, pero por primera vez coordinada y manejada desde Palacio Nacional: se elaboran ideas fuerza y mensajes que se distribuyen a los gobernadores y líderes del partido y en las cámaras, para que entren masivamente a la opinión pública sembrando la línea presidencial.
Eso sucedió desde el jueves y viernes pasados, cuando 18 gobernadores de Morena salieron a las redes sociales con mensajes o cartas con el objetivo de respaldar a Sheinbaum y deslindar a Taddei de Morena. El proyecto Punto Cero difundió en su vertical Ruta 27 –el camino a las elecciones del próximo año–, que cinco gobernadores difundieron prácticamente el mismo comunicado, modificando únicamente la carátula del estado y sus titulares. De acuerdo con este trabajo, cinco difundieron párrafos casi idénticos y comunicados “prácticamente calcados”: Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa; Margarita González Saravia, de Morelos; Salomón Jara, de Oaxaca; Eduardo Ramírez, de Chiapas, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Según revisó, tenía tres ideas fuerza: deslindar a Taddei de Morena, trasladar las investigaciones 32 años al pasado y decir, con cierto cinismo, que no se trataba de emitir juicios anticipados, sino de esperar a que las autoridades competentes deslindaran conflictos de interés o irregularidades.
Los 13 restantes utilizaron sus redes para emitir mensajes y publicar cartas de apoyo, en el mismo sentido, y bajo las líneas que transmitieron en Palacio Nacional la presidenta y Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien presentó lo que llamó una investigación sobre una supuesta red de corrupción y simulación en los concursos y adjudicaciones del INE y los organismos electorales estatales conocidos como los OPLE. Morena se cohesionó en torno a este caso que afectaba a todos, dejando sus rivalidades políticas y rencores para mostrar espíritu de cuerpo.
“Si las primeras revisiones confirman que las empresas señaladas por presuntas irregularidades llevan dos décadas contratando con el INE, la investigación no puede limitarse únicamente a la gestión actual”, escribió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “también debe esclarecerse qué ocurrió durante las presidencias anteriores, quién autorizó y supervisó esos contratos y si existieron omisiones o responsabilidades que deban investigarse”.
En esa misma línea de argumentación, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, agregó que “con Lorenzo Córdova al frente del INE, empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas (los contratistas con quienes Taddei hizo negocios millonarios), obtuvieron contratos multimillonarios con organismos electorales locales”. Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que “investigar y combatir la corrupción dentro de las instituciones fortalece nuestra democracia”.
El mensaje más significativo de las maromas que se sigue echando Morena lo publicó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien expresó: “No se puede responsabilizar a un movimiento por prácticas que vienen de décadas atrás. Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas”. Este, más que el resto, es un insulto a la inteligencia. Durazo es quien promovió a Taddei, López Obrador acogió con superlativos su recomendación, y en pago político, contrataron a sus hijos en los gobiernos federal y estatal, y Sonora fue una bolsa de trabajo para sus familiares.
La nueva estrategia de propaganda disfrazada de comunicación política pasó de la contención al ataque. Primero apuntó a los extitulares del IFE/INE –a quienes les integrarán acusaciones penales–, siguió con la vinculación de algunos de ellos con el nuevo partido Somos, y siguió estableciendo que el año en que inició la corrupción fue 1989. El argumento es que Taddei tenía experiencia en órganos electorales antes de que Morena fuera gobierno y la designaran consejera presidenta. Lo que queda fuera del argumento es que su corrupción no comenzó en el pasado remoto, sino desde que llegó al INE bajo el amparo y control de la ‘4T’.
Ni los gobiernos de la ‘4T’ ni los gobernadores habían iniciado investigaciones sobre la corrupción de Taddei en los órganos electorales federal y locales, y no fue tema hasta que la prensa la descubrió. La estrategia de Palacio Nacional va más allá. El siguiente paso para los gobernadores es que recluten a influencers para que repliquen los mensajes dirigidos a mayores audiencias. Es la conquista de las conciencias, llevada a una nueva dimensión rumbo al autoritarismo.