Tanta polvareda en el paisaje nacional suele tapar acciones de trascendencia, que se pierden en el ruido y lo sonoro de un escándalo tras otro. Pero no desaparecen: siguen avanzando pese a no tener la atención de la opinión pública. Tal es el caso de la caída de Iván Cazarín, el temido criminal apodado El Tanque, detenido hace casi tres meses, que convirtió a Jorge Amílcar Olán en un tema prioritario para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, al igual que a su hermano Luis Alberto, le hizo favores y servicios, que repercutieron en los negocios de sus socios y prestanombres, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de prominentes miembros del Grupo Tabasco.
Sheinbaum no tenía mucha idea de quién era El Tanque hasta después de capturado, cuando le explicaron la relación que tenía con Jorge Amílcar y su atención al tema provino de la intensidad con la que los medios de comunicación trataron el caso del amigo de los López Beltrán, en particular de Andrés, conocido como Andy, que está siendo investigado en Estados Unidos. El interés de Washington sobre ellos dos se hizo explícito a principios de octubre por la cantidad de información que estaba solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Amílcar. Hasta el momento no hay una acción legal formal contra él en Estados Unidos, pero existe el temor en Palacio de que lo detengan en Europa y lo extraditen. Al El Tanque sí lo quieren en Washington, y su eventual extradición generaría inquietud en Palenque.
Pero en todo este entramado hay algo que probablemente desconoce la presidenta: Cazarín es el camino para llegar a José Alfredo Pérez Astorga, un personaje que está fuera del radar de muchos y que es fundamental para ver la gran fotografía de las presuntas redes y complicidades criminales en el sur del país. Pérez Astorga fue el administrador central de Fiscalización del SAT y respondía a Rosalinda López Hernández –que falleció de enfermedad en 2024–, hermana del senador Adán Augusto López Hernández. Como intermediario de la familia, trabajaba con Melchor López Hernández, quien, como su hermano Adán Augusto, tiene una notaría.
En este espacio publiqué en octubre del año pasado que las investigaciones que emprendieron en Estados Unidos contra las redes criminales de políticos mexicanos, que la notaría de Melchor coordinaba acciones oscuras con Rosalinda, que dejaba asuntos en “tránsito” por evasión de impuestos o en litigio, que su hermano resolvía en las oficinas del SAT en Guadalajara y León. A partir de ese negocio, Adán Augusto y su cuñado, el entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –esposo de Rosalinda–, diseñaron un mecanismo de financiamiento para nuevas empresas durante el sexenio pasado, utilizado como matriz en el negocio del contrabando de combustible.
López Astorga era el brazo derecho de Rosalinda, y se volvió en el cancerbero de las redes de protección tendidas por los hermanos López Hernández y la familia de López Obrador. Pero al mismo tiempo, se involucró en todos los temas relacionados con las industrias del tequila y el tabaco, así como con lo que tuviera que ver con las escrituras de las empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a través de El Tanque, estableció la relación con varias de las figuras del Grupo Tabasco, e indirectamente los López Beltrán.
El funcionario del SAT tuvo una gran fuerza –aunque prestada–, capaz de frenar actuaciones federales contra grupos político-criminales que operaban en su radio de protección. La importancia del tapón que se destapó con su salida se notó en agosto pasado, cuando la Marina aseguró un cargamento procedente de Vietnam con 52 millones de cigarros ilegales en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. La acción tocó fuertes intereses, y para sorpresa de las autoridades, quien pidió que lo liberaran fue Andy, con lo que evidenció sus vínculos con la red que protegía López Astorga.
López Astorga regresó a su natal Veracruz, y según una fuente, colabora con la gobernadora Rocío Nahle, que nombró a su hermano Ernesto secretario de Desarrollo Económico y Portuario estatal.
Desde ese estado, El Tanque operaba todo el sur del país, como responsable regional de las actividades criminales desde Veracruz hasta Chiapas, y fue el motor de la expansión del cártel en la frontera con Guatemala, con el apoyo de los gobernadores de Tabasco y Chiapas.
La salida de López Astorga de los asuntos en Jalisco y la persecusión nacional del Cártel Jalisco Nueva Generación afectó las operaciones criminales en el sur del país, donde finalmente las autoridades federales pudieron capturar a El Tanque, que controlaba la extorsión, el tráfico de drogas, secuestros, lavado de dinero y robo de hidrocarburos. Al hacer el anuncio de su detención, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, excluyó presuntos delitos denunciados en investigaciones periodísticas, como su involucramiento en el Tren Maya, a través de Luis Alberto, hermano de Jorge Amílcar, la llave que lleva a todos los negocios oscuros y presuntamente ilegales de Andrés y Gonzalo, los hijos de López Obrador, así como del Grupo Tabasco.
Los presuntos vínculos criminales con ellos y sus implicaciones con acciones unilaterales que pudiera tomar Estados Unidos si mantiene Sheinbaum su negativa a procesarlos, como le han pedido desde hace casi año y medio, y que cumplan sus sentencias en cárceles mexicanas, forman parte de las deliberaciones frecuentes en Palacio Nacional, donde desarrollan escenarios para tener respuestas a eventuales peticiones de Washington. Pero la presidenta, hasta ahora, se mantiene firme en la defensa de López Obrador y sus hijos, y evitar que algo pueda incriminarlos.
El caso de López Astorga es el ejemplo. Si bien El Tanque es una pieza muy relevante en el entramado criminal y puede describir sus nexos con los políticos, López Astorga es todavía más importante en esta red del obradorismo en el triángulo dorado del sur del país –Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde se encuentran los intereses económicos del expresidente–, porque puede mostrar el diseño criminal no desde la óptica del crimen organizado, sino desde la perspectiva de la clase gobernante que se convirtió en parte orgánica del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sólo hay un problema. López Astorga se mueve con discreción y está por debajo del radar del gabinete de seguridad. Hay pocas denuncias públicas en su contra; sólo periodísticas. Es un fantasma en toda esta red, razón por la cual les ha sido tan funcional a lo largo de los años.