En las últimas semanas se levantaron alertas en el gabinete de seguridad por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Una comunicación enviada por el gobierno de Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia está ampliando las acusaciones en su contra para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, donde vincularían el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos, lo que elevaría de manera significativa la incriminación en su contra.
La comunicación no establece el tiempo en el que podría darse a conocer la nueva acusación, si puede construirse, pero, de concretarse, dejaría muy mal parados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que colocaron una red de impunidad para Rocha Moya, a quien nunca le abrieron una carpeta de investigación por el asesinato de Cuén, luego de que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reveló que la fiscalía de Sinaloa fabricó una caso que ocultó quiénes y por qué lo ejecutaron.
El asesinato de Cuén fue realizado el mismo día en que un comando estadounidense capturó a Ismael El Mayo Zambada, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y los entregó a las autoridades en Texas. Cuén, según la versión oficial, había acudido a una reunión en una finca en Culiacán a petición de Guzmán, para reunirse con Rocha Moya, en donde Zambada, amigo de ambos, serviría de mediador en un conflicto por el control de la Universidad de Sinaloa. La versión dice que López traicionó a Zambada, que es su padrino.
Aquella reunión fue programada para el 25 de julio de 2024 en la finca “La Higuerita”, en un fraccionamiento de residencias llamado “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, que era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa. Nueva información sobre lo que sucedió ese día a la que se tuvo acceso menciona que Zambada llegó un día antes y se hospedó en la casa de una de sus hijas, cerca de donde sería la reunión, a la cual llegó a pie, discreto como siempre había sido, acompañado de cuatro escoltas. Zambada se dirigió a una especie de palapa donde sería la reunión, mientras sus escoltas, como las de los demás, permanecían a distancia.
De acuerdo con esta nueva información, el comando estadounidense tomó por asalto la propiedad, eliminó a los guardaespaldas de Zambada y dejó vivo al de Rocha Moya, que decía tener un acuerdo con Estados Unidos. Solo se llevaron a Zambada y Guzmán López a la casa de la hija de El Mayo, que tenía un viejo aeródromo clandestino inhabilitado hace años, en donde aterrizó el turbohélice Beechcraft King Air, en donde los trasladaron a Estados Unidos. El avión había estado previamente en un aeródromo a unos 20 minutos de ahí, controlado por el Ejército, en donde, según esta nueva información, le cambiaron la matrícula y borraron prácticamente todas las marcas que pudieran identificar su historia. Y desde ahí realizó el vuelo a la casa de la hija de Zambada.
Otro comando, según esta versión, llegó a hacer la “limpieza” –llevarse los cuerpos de los guardaespaldas eliminados–, y dejó a Cuén malherido con un disparo en la pierna. Lo último que se supo del diputado federal es que lo subieron a uno de los vehículos que iban con Rocha Moya. El gobernador siempre ha negado que haya estado en la reunión, y dijo que ese día había viajado a Los Ángeles en un avión que le había prestado el empresario Jesús Vizcarra. En este espacio se informó en su momento que, en efecto, viajó la familia y cercanos a Rocha Moya, que se llevaron su celular para poder establecer una coartada de que no había estado en ese encuentro.
La fiscalía de Sinaloa investigó el asesinato y concluyó que Cuén había sido asesinado en una gasolinera en un intento de robo. Sin embargo, la fiscalía de Gertz Manero la desmintió y señaló que el crimen había ocurrido en “La Higuerita”. Quien fabricó la mentira fue Claudia Zulema Sánchez, actual fiscal en Sinaloa, por instrucciones de su jefa en ese tiempo, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez, contra quien no se inició ningún proceso por falsificar la investigación.
El encubrimiento absoluto a Rocha Moya por temas verificables, como la fabricación fallida sobre el asesinato de Cuén, agrega indirectamente a las acusaciones que alista el Departamento de Justicia contra él, que previamente lo imputó junto con nueve servidores públicos sinaloenses, de haber facilitado las operaciones del Cártel de Sinaloa –en particular de Los Chapitos– a cambio de que los ayudaran con dinero y acciones para amedrentar y secuestrar a candidatos de oposición en las elecciones de 2021, que le permitieron ganar la gubernatura.
Estas acusaciones tomaron también un vuelo diferente en las dos últimas semanas, cuando también se recibió información de que el exfiscal de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Jay Clayton, donde se formularon las acusaciones contra Rocha Moya y los nueve servidores públicos, estaba considerando retomar esas acusaciones desde su nuevo puesto, como director de Inteligencia Nacional, un cargo en la Casa Blanca que procesa toda la información de los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos, para alertar al presidente y hacer recomendaciones de política.
El tema de Zambada y de Rocha Moya volvió a ser un asunto de interés para Estados Unidos, que en sus diferentes reuniones con funcionarios mexicanos lo han estado ventilando, sin aportar mucha información de lo que se traen entre manos, pero suficiente para prender las alertas en Palacio Nacional.
La protección de López Obrador a Rocha Moya puede entenderse. Fuentes de inteligencia mexicanas sostienen que era su enlace con Zambada, con quien negociaba posiciones electorales. Pero la de Sheinbaum es inexplicable, y ha sido motivo de molestia contra el gobernador, que aún no se traduce en una decisión diferente a la actual: protegerlo. Incluso, en una reciente discusión en el gabinete de seguridad, se planteó la posibilidad de detener a Rocha Moya con fines de extradición, como lo solicitó el Departamento de Justicia, y a políticos más de alto perfil, como parte de una negociación con el gobierno de Estados Unidos a cambio de que futuros casos, si hay información, sean procesados en México. Hasta ahora, la propuesta ha sido rechazada.