Las pruebas contra la élite de la ‘4T’ se siguen acumulando en Estados Unidos. Ahora son Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, que han entregado a los fiscales estadounidenses las cabezas del ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Junto con ellos, aportaron también testimonios sobre su relación con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La información sobre lo que están declarando en la Corte del Distrito Norte de Illinois, que se encuentra en Chicago, confirma lo que los datos de inteligencia en México y Estados Unidos habían apuntado sobre la presunta vinculación de los cuatro personajes con el crimen organizado. La trascendencia de la declaración es que con esas declaraciones se ha judicializado la imputación, y que la acusación contra Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia sobre su relación con Los Chapitos, puede ser replicada contra Delgado, Durazo y Villarreal.
Las autoridades y los fiscales estadounidenses operan de esa manera: recogen datos de inteligencia y, para cerrar los casos, recurren a testigos cooperantes para que a partir de sus declaraciones construyan la evidencia –proposición fáctica, le llaman–, que presentan a un Gran Jurado para lograr su fallo y hacer la acusación formal. Eso es lo que sucedió con Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, donde una parte de las pruebas que se presentaron ante el Gran Jurado en Manhattan, reveló un funcionario estadounidense, fueron las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán.
Eso mismo sucedió con la captura de Ismael El Mayo Zambada. “No lo queríamos para que nos hablara de las relaciones del Cártel de Sinaloa con los políticos, porque eso ya lo sabíamos, pero sí para ayudarnos a llenar algunos vacíos de información sobre el narcotráfico en México”, dijo un funcionario estadounidense. La razón principal por lo que lo querían, sin embargo, era para que les ayudara a cerrar el caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Brooklyn, como lo está Zambada.
Las declaraciones de Los Chapitos en Chicago están comenzando a llenar los huecos para soportar la información de inteligencia. Ovidio es el principal testigo, porque era parte de la estructura criminal en la facción del Cártel de Sinaloa que manejaba junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo. Joaquín había estado renuente en participar en los negocios criminales de su familia, y estaba distanciado de esas actividades.
Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, por la enorme presión del gobierno del presidente Joe Biden, al considerarlo Estados Unidos el principal responsable del tráfico ilegal de fentanilo. López Obrador, en los hechos, lo había protegido. Cuando fue detenido en una operación en octubre de 2019, el comando de agentes que dependía en su momento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó una operación impecable –sin disparos, ni heridos–, pero nunca enviaron al helicóptero para la extracción –que es más importante que la captura–. Durante 45 minutos tuvieron a Ovidio en su casa, hasta que finalmente llegó la orden de liberarlo.
López Obrador asumió la responsabilidad de dejarlo en libertad, violando la ley por omisión de sus responsabilidades, pero la petición para que lo hiciera fue de Durazo, en ese entonces secretario de Seguridad. El expresidente argumentó que lo hizo porque habría un baño de sangre, pero tras su liberación no ordenó que volvieran a planear su detención. En enero de 2023, por presiones de Washington, López Obrador ya no pudo seguir siendo omiso y el Ejército lo capturó.
Preso en Estados Unidos, empezó a negociar con los fiscales exigiendo que extrajeran a su hermano Joaquín y a cambio entregarles a El Mayo. Una unidad del FBI cuyo jefe es quien más conoce en Washington del Cártel de Sinaloa, planeó la operación para que Joaquín tendiera una trampa a Zambada al pedirle que se reuniera con Rocha Moya y el diputado federal y enemigo del gobernador, Héctor Melesio Cuén, en un rancho en la zona metropolitana de Culiacán, donde un comando de élite estadounidense del Departamento de Seguridad Nacional lo capturó y trasladó a Estados Unidos junto con Joaquín.
Delgado, Durazo y Villarreal, que se encuentran en otra investigación alterna en Texas, sobre el financiamiento de Sergio Carmona, llamado “El rey del huachicol” a ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, fueron imputados por Los Chapitos en otros presuntos actos criminales, aunque tienen vasos comunicantes con el primero. Villarreal fue el representante de Morena en la campaña de Rocha Moya para la gubernatura en Sinaloa, que recibió financiamiento de Los Chapitos.
Aunque presuntamente beneficiario del financiamiento de Carmona, Durazo ha gobernado un estado bajo una creciente violencia y con señalamientos frecuentes de sus presuntos nexos con el crimen organizado, comenzando con el legendario Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Desde 2019, cuando era secretario de Seguridad, aparecieron mantas en varias ciudades de Sonora denunciando a mandos policiales en el estado de proteger a la organización de Los Salazar, que era el brazo armado de Los Chapitos en el estado, y que se habían expandido hasta Chihuahua y Durango.
No está claro, por la información que trascendió, el detalle de las acusaciones de Los Chapitos contra él, cuyo brazo armado de Los Salazar perdió parte del control en Sonora por el surgimiento del Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, bajo proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como resultado de la apertura de la plaza de Sonora a otras organizaciones rivales de Los Chapitos. Caro Quintero les comenzó a disputar el trasiego de drogas a Estados Unidos por las rutas de Sonora y Chihuahua –entre Ciudad Juárez, y Gómez Palacio, Durango, que está bajo dominio de Los Salazar–.
Las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán López son parte del maxiproceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra sectores políticos en México, similar al Proceso 8000 que la CIA encabezó en Colombia en 1994, que se compuso de varios casos judiciales sobre la vinculación de políticos con cárteles de la droga. Esta interrelación de casos explica el cruce y entreverado de imputaciones entre las cortes federales de Manhattan, San Antonio, Corpus Christie y Chicago, cuyo inicio de judicialización de casos es el preludio de acusaciones formales.