Un exabrupto al más alto nivel por la falta de avances en los procesos contra factureros del viejo régimen. Una necesidad imperiosa de la Fiscalía General por mostrar algo. Y un favor de Estados Unidos. Aritmética política pura, cuya suma dio la captura, hace casi dos meses, en Miami, de Víctor Manuel Álvarez Puga, que fue retenido en un centro de migración. Se le acabó, por el momento, la libertad a uno de los dos grandes factureros del pasado, que sirvieron de símbolo de que se estaban ordenando las cosas en el esquema de facturaciones falsas para evadir impuestos. Pero las cosas no son tan claras como parecerían.
El caso de Álvarez Puga, su esposa –la celebridad Inés Gómez Mont– y su hermano Alejandro estalló en la opinión pública a finales de septiembre de 2021, cuando un juez ordenó la captura de varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación de los tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong, por el presunto delito de desvío de más de tres mil millones de pesos. La fiscalía presumía que se habían quedado con recursos destinados al equipamiento de cárceles, a través de las factureras de Álvarez Puga.
Acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la fiscalía solicitó a Interpol una ficha de notificación –la ficha roja–, para localizarlo y detenerlo con fines de extradición. Interpol lo localizó, pero no pasó nada. Álvarez Puga se fue primero a Bahamas con su familia y de ahí regresó a Miami, donde tiene varias propiedades. Vivía, si no tranquilo, sin ser molestado, hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum explotó recientemente por la falta de resultados en las investigaciones. México le pidió a Estados Unidos que lo detuviera, y se lo cumplió.
Por qué razón no lo arrestó con fines de extradición, es algo que está haciendo el gobierno estadounidense en los casos de narcopolítica y corrupción que involucran a políticos en México. Lo detuvo por irregularidades en su estatus migratorio, y no se sabrá hasta el 12 de noviembre si el juez en Miami que revisará su caso lo extradita o, como sucedió en Texas con el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, le otorga la libertad y deja que siga su solicitud de asilo político. El favor fue limitado.
A diferencia de Treviño, la personalidad de Álvarez Puga permite conjeturar que podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía General y pagar alguna suma con la cual el gobierno sienta que hay reparación del daño. Le conviene a él y le conviene al gobierno. Si el camino fuera el de testigo cooperante, podría destapar otra cloaca, como la que provocó el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, por el involucramiento del facturero con varios miembros del régimen y muy cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La investigación contra Álvarez Puga la llevó el fiscal Alejandro Gertz Manero con gran sigilo. El fiscal especializado en delincuencia organizada, Alfredo Higuera Bernal, fue acumulando evidencias, lo que llevó a Álvarez Puga con un abogado de su entera confianza, Guillermo Barradas, para que lo blindara de las investigaciones que había empezado la fiscalía en su contra.
La investigación comenzó en agosto de 2021 y se giró la orden de aprehensión sin que él o Barradas se enteraran. La orden de aprehensión –para entonces ya estaba en Bahamas– cimbró redes de complicidades en el viejo régimen, que involucraban a políticos del centro y sur del país –algunos que están hoy en Morena–, empresarios y artistas.
Los hermanos Víctor Manuel y Rafael Álvarez Puga, chiapanecos de origen, vendían tortas frente a la estación de autobuses en Tapachula y, por recomendación de un amigo suyo, empezaron a trabajar con el fiscalista oaxaqueño Sergio Castro, que a principios de los 90 fue contratado por Pemex para que revisara sus costos laborales y encontró la forma de reducirlos mediante un sistema de subcontratación. Castro ideó, a partir de hoyos en las leyes y la normatividad, la posibilidad de hacer negocios con gobiernos estatales y empresas, creando el outsourcing, del cual es su padre en México.
Castro empezó a reclutar en el sureste y centro del país a personas que le ayudaran a expandir su negocio, estrechando la relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien era utilizado también como su cara pública. Gradualmente amplió la ingeniería fiscal del outsourcing y la llevó a lo que eventualmente se volvió un delito federal: las factureras, que eran básicamente empresas fantasma a través de las cuales se canalizaban transacciones y financiamientos sin tener presiones fiscales. El negocio daba utilidades multimillonarias, libres de impuestos, para todos.
También estaban vinculados a dos exgobernadores de Chiapas (el hoy senador verde Manuel Velasco, y el cónsul en Orlando, Juan Sabines), otros dos de Oaxaca y de Puebla, además de políticos al más alto nivel del aliado del régimen en el Verde (con varios de sus líderes), y en el PAN (con la familia de Santiago Creel). La esposa de Álvarez Puga es sobrina de Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón.
Días antes de que saliera la orden de aprehensión, Álvarez Puga le habló a Barradas, quien le aseguró que tenía todo controlado y no había nada en su contra. Cuando salió la orden de aprehensión, hubo una nueva llamada que, dijeron cercanos a él, estuvo llena de insultos. Barradas no sabía que había cambiado la correlación de fuerzas con sus clientes y también su destino. Tampoco sabía que Gertz Manero e Higuera Bernal iban por la recuperación del espacio jurídico y político. Eso es lo que hoy está buscando Sheinbaum, aunque este caso puede quemarle también las manos.