Como todos los informes presidenciales, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue distinto al de todos sus antecesores, al presentar un catálogo de sus logros y acciones durante el periodo, salvo un punto en el que no habló sobre el pasado, sino sobre el futuro, que es, a la vez, tiempo presente: Estados Unidos. Setenta y dos palabras del total de siete mil 409 que tuvo su mensaje permitieron ver lo que le quita el sueño: la relación con el gobierno del presidente Donald Trump y sus constantes amenazas intervencionistas.
El momento más claro de su inquietud fue cuando, rompiendo la estructura de su discurso, recordó las reformas constitucionales que se lograron y se detuvo en una, el artículo 40 constitucional en materia de soberanía, al que se agregó un párrafo el 1 de abril pasado, que leyó textualmente: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Haberle dedicado ese tiempo en su lectura sugiere cuál es su prioridad en este momento y su preocupación. Ese párrafo fue una iniciativa de ella después de una serie de agresiones que descaradamente hizo públicas el gobierno de Trump: un avión espía que dejó abiertos sus sistemas para que pudieran rastrearse mientras realizó un sobrevuelo sobre aguas internacionales frente a las costas mexicanas, donde se avistaron también un destructor y un portaviones frente a Baja California. Días después, la cadena de televisión CNN reveló que entre enero y febrero se habían realizado 18 vuelos de sobrevigilancia sobre México, a espaldas del gobierno de Sheinbaum.
La reacción de la presidenta fue enviar la iniciativa, que fue ignorada completamente por Washington. Poco después de ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, en una llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump en abril, el jefe de la Casa Blanca le propuso enviar soldados a México para enfrentar junto con las Fuerzas Armadas mexicanas, a los cárteles de las drogas. La presidenta rechazó la oferta y, para reforzar su postura, hizo pública la propuesta. En junio, siguiendo el ejemplo de Canadá, anunció que propondrían a Estados Unidos un acuerdo general sobre seguridad y comercio, que reconociera a los mexicanos que trabajan en aquel país.
En su primer informe, también fuera de la estructura tradicional de este tipo de mensaje, repitió el anuncio de que el próximo miércoles estará en México el secretario de Estado, Marco Rubio, para firmar el acuerdo de seguridad. El tema de comercio y el reconocimiento de los migrantes mexicanos dejó de estar hace tiempo en su discurso sobre el acuerdo bilateral que han estado negociando. En Washington no lo han mencionado ni una sola vez. Si habrá una firma o no durante la rápida visita de Rubio, es algo que aún no se confirma, ni fue mencionado la semana pasada en el comunicado de prensa del Departamento de Estado que anunciaba la visita a México y Ecuador, donde hablará con el presidente Daniel Noboa, que comparte con Sheinbaum los dolores de cabeza que causa el Cártel de Sinaloa, pero que tiene una posición antagónica con ella sobre el papel intervencionista de Estados Unidos.
Sheinbaum ha elevado fuertemente las expectativas de un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad, pero la agenda de Rubio en esos dos países plantea otras prioridades, las de su gobierno. La prelación de lo que desean, de acuerdo con el Departamento de Estado, “incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.
No es esta la agenda mexicana. Acciones “rápidas y decisivas” son las que ha estado empujando Trump y varios miembros de su gabinete, y los “actores malignos extracontinentales”, como se lo han dejado ver a la presidenta por los coqueteos que ha tenido el obradorismo con ellos, tienen que ver con Rusia, Irán y China. En el interlineado es lo que ha promovido Trump desde que regresó a la Casa Blanca: la renovación de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”.
El mundo hoy no es el mismo de 1823, y si bien las alianzas de un alto número de países latinoamericanos con los enemigos de Estados Unidos probablemente no se romperán, con México es muy diferente: tres mil 200 kilómetros de frontera común y la dependencia económica mexicana de esa nación, hacen a Sheinbaum mucho más vulnerable a las presiones. La presidenta, como lo hizo en el informe, se lanza a las escaramuzas y los amagos con palabras, que no han impedido que las presiones sigan creciendo.
La visita de Rubio ha sido manejada como una muestra de la buena relación con Estados Unidos, lo que cada vez es menos creíble entre los mexicanos. Será la primera vez que viaje a México como secretario de Estado –previamente ha realizado tres viajes a Latinoamérica–, y la primera vez también que hable con Sheinbaum –después de haberlo hecho con nueve presidentes y primeros ministros de la región–. El trato del canciller estadounidense con los mexicanos ha sido distante y frío, no muy distinto, por cierto, al que ha tenido con Canadá.
El comunicado del Departamento de Estado señala que el viaje de Rubio demostrará el “inquebrantable” compromiso de Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas “narcoterroristas” y asegurar que no afecten a las empresas de su país, y fue acompañado con un mensaje –no público– que se le transmitió a la presidenta: están considerando actuar contra los grupos criminales que extorsionan a los productores agrícolas en Michoacán, algunos de los cuales son estadounidenses. Es decir, o van juntos o existe la posibilidad de acciones unilaterales.
Un acuerdo de seguridad podría resolver la mecánica de estas acciones y que México pudiera mantener la soberanía y márgenes de autodeterminación, para mantener el discurso nacionalista, como expresó Sheinbaum en su informe: la política de seguridad se decide en México y “nadie influye en ella”.