No era la primera vez que presentaba su renuncia. La primera fue en 2019, cuando en una reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no podía seguir en el cargo por la falta de apoyo. No se fue y le costó. López Obrador, cuya molestia con la gestión de Encinas iba en aumento, encontró en el momento electoral que se vive la piedra para matar dos pájaros de un tiro: lo sacó del caso y neutralizó su apoyo a Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En tándem, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum informó la víspera que lo había invitado a su equipo. Sin sorpresa alguna, Encinas aceptó la doble humillación.
En el trade-off, el Presidente le tiró un salvavidas legal, al colocar los cimientos para un deslinde jurídico para cuando Encinas tenga que responder ante el Ministerio Público las denuncias por usurpación de funciones y violaciones al Estado de derecho de la defensa de cinco militares presos a quienes acusó de asesinato y complicidades en el crimen contra los normalistas. López Obrador admitió que Encinas pudo haber sido manipulado por el exfiscal Omar Gómez Trejo, a quien responsabilizó de omisiones puntuales en la investigación.
Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue reclutado por Encinas, con quien compartía la misma idea: en Iguala se dio un crimen de Estado y el Ejército había jugado un papel central en la desaparición de los normalistas. López Obrador resumió lo que el exfiscal dejó de hacer:
“Por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba que se habían practicado los Protocolos de Estambul (sobre tortura). No se hicieron. Ni siquiera se cumplió con solicitar la información a la Comisión (Nacional) de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense (en eso), y como comprenderán, no es casual”.
A lo que se refirió el Presidente comienza en 2018, cuando la sentencia del juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, donde se ampararon los asesinos de los normalistas, advirtió que había un número importante de casos donde se actualizaba el supuesto de tortura, y pidió a la nueva comisión del caso Ayotzinapa que practicara otros Protocolos de Estambul, porque los que tenían estaban viciados de origen, al haber sido practicados por personal de la PGR, a quienes se imputaba ese delito. Para garantizar imparcialidad, el juez requirió a Gómez Trejo acudir a una instancia certificada para obtenerlos.
A punto de terminar el plazo fijado por Ventura Ramos, el exfiscal pidió una prórroga de 10 días, y aunque se le autorizó, no hizo nada. Al dejar pasar los términos, como recordó el Presidente, el juez dejó en libertad a unos 50 miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, incluido Gildardo López Astudillo, el Gil, quien dio la orden de matar a cuando menos 17 normalistas. De esos 50, Gómez Trejo reclutó a 20 como testigos colaboradores, incluido López Astudillo, a quien convirtió, autorizado y animado por Encinas, en “Juan”, el principal testigo del caso, y quien imputó –algo que nunca hizo antes– a militares en la desaparición y asesinato de los normalistas. Era lo que ambos necesitaban para impulsar la teoría del crimen de Estado.
López Obrador dijo que Gómez Trejo no cumplió con solicitar información a la CNDH. A lo que se refirió es que la investigación del crimen de la CNDH realizada por José Larrieta incluyó nuevos Protocolos de Estambul que confirmaban la tortura únicamente en nueve casos. Tampoco envió 114 restos óseos del basurero de Cocula –donde la verdad histórica establece que ahí incineraron a los normalistas– al laboratorio en Innsbruck, lo que siempre despertó dudas de por qué no lo hizo. Se puede conjeturar que si resultara positivo el análisis, confirmaría una parte de la teoría de Murillo Karam, que la dupla quería desmontar.
Gómez Trejo no utilizó delitos para evitar que salieran los criminales de la cárcel, como acusarlos por secuestro, extorsión y contra la salud, sobre los cuales hay pruebas, pues de haberse quedado en prisión, no funcionaría a sus propósitos. Tampoco actuó contra José Luis Abarca, el alcalde de Iguala cuando se dio el crimen, señalado también por su relación con la desaparición, que pese a estar preso por recursos de procedencia ilícita, nunca le aseguró su centro joyero ni su plaza comercial Tamarindos en esa ciudad.
El exfiscal renunció en septiembre de 2022, aparentemente como reacción a la cancelación de 20 órdenes de aprehensión –16 a militares–, sin que las hubiera autorizado él. Detrás de lo mediático, la renuncia se dio en el contexto de una auditoría interna que ordenó el fiscal Alejandro Gertz Manero, donde encontraron irregularidades, ilegalidades y uso exclusivo de testigos colaboradores que no fueron corroborados con otros elementos de prueba.
Gómez Trejo huyó a Estados Unidos, escapando de posibles acusaciones penales en su contra, que deslizó el Presidente ayer, podrían fincarle. Hay bases sólidas para ello, pero por más que intente deslindar de delitos el Presidente a Encinas, no fue ajeno a las ilegalidades, sino un entusiasta apoyador del temerario exfiscal.
