Casi un mes después del atentado contra Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas más sofisticados y prominentes del país, las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a dibujar el camino que podría llevar a determinar quién o quiénes ordenaron su asesinato, y cuál fue el móvil. Las investigaciones continúan, pero por el perfil de quienes trataron de asesinarlo, queda la duda si fue por una razón directamente relacionada con su trabajo –una “fatwa”, como caracteriza él esta hipótesis– o si fue un ataque con fines políticos, que buscó, con su crimen, la desestabilización –un “chivo expiatorio”, como define esta línea de pensamiento–.
Lo que se tiene confirmado es que hubo una planeación, con un seguimiento de Gómez Leyva durante cinco días en diciembre –el último, 48 horas antes del atentado– y que tuvo una logística operativa amplia. Se utilizaron tres automóviles –las autoridades hablaron ayer de sólo dos–, un Seat, un Corsa y un Acura, además de una motocicleta. Los disparos contra el periodista en la ventana del conductor los hizo el acompañante en la motocicleta, pero no quedó claro quién hizo los que se impactaron en el parabrisas.
Gómez Leyva no murió porque la camioneta en la que viajaba estaba blindada, nivel cinco, que hubiera sido horadado si mantienen los disparos unos 10 segundos más. Salvó la vida porque sus atacantes aparentemente no sabían que el único lugar donde estaba protegido era en la camioneta, porque el periodista nunca fue rehén de la violencia que se vive en el país, y caminaba libremente –ya no es así–, llevando una vida cotidiana como cualquier persona que no tiene su notoriedad.
Esto sugiere que no tuvieron información completa para atentar contra su vida, y desde un principio, cuando se ordenó el asesinato –probablemente en noviembre–, planearon atacarlo en su vehículo, muy propio del sicariato, que vigiló sus dos rutinas en el trayecto de las instalaciones del Grupo Imagen en Copilco, el cuartel general de la televisora y el periódico Excélsior, a su departamento en la colonia Florida, a máximo ocho minutos de distancia.
Ayer, en una presentación ante los medios, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dieron a conocer los avances de la investigación del atentado. Las autoridades detuvieron en flagrancia a 11 personas y realizaron 12 cateos simultáneos en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, a quienes vincularon con una célula criminal que opera en la Ciudad de México y el Estado de México, lidereados por una persona llamada Pedro y apodada Pool.
La célula criminal está vinculada con extorsiones, homicidios y narcomenudeo, explicaron las autoridades, y centra sus actividades en el oriente de la capital federal. Los agentes adscritos al Ministerio Público capitalino los detuvieron en una operación contra el narcomenudeo, pero una fuente policial explicó que la flagrancia se utiliza en múltiples acciones para proteger la carpeta de investigación cuando aún no se ha cerrado, como es el caso.
Las autoridades, sin embargo, no tienen duda de la autoría material de la célula criminal que encabeza el Pool, que por razones distintas estaba bajo la mira de la policía capitalina. No llegaron a él ni a su grupo por esas razones, explicó una fuente policial, sino como resultado de las investigaciones que se realizaron a partir de la identificación de los primeros vehículos que participaron en el atentado, el Seat y la motocicleta. Del seguimiento de esos vehículos a través de las cámaras del C-5 se detectó el acompañamiento en la planeación y ejecución del atentado de los otros dos automóviles.
Tras la identificación de los vehículos se hizo un nuevo seguimiento que llevó a diferentes viviendas en el oriente de la Ciudad de México, lo que les permitió, con autorización de un juez, intervenir los teléfonos de varios de los integrantes de la célula. Las escuchas, dijo la fuente policial, ayudaron a establecer la autoría material de la célula que, por haber encontrado en los cateos ropa con las siglas CJNG, se presume una vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados, el Cártel del Golfo.
No hay certeza de que el CJNG esté detrás del atentado, pero es una línea de investigación que se está trabajando. Tampoco hay claridad del porqué estaría interesada esa organización criminal en asesinar al periodista, que llevaría a la segunda pregunta no respondida hasta ahora, el móvil del atentado. Esto último, fundamental para la conclusión de la investigación, requerirá probablemente de más información que pueda aportar el propio Gómez Leyva para poder confirmar o descartar la hipótesis de trabajo sobre la probable autoría intelectual del CJNG.
Con la información disponible hasta este momento, nada se puede concluir y nada se puede desechar. Es posible que de los interrogatorios de los detenidos pudiera tenerse una idea sobre la autoría intelectual, pero existe también la eventualidad de que pudiera haber existido un intermediario entre quienes ordenaron el ataque y quienes lo llevaron a cabo.
En cualquier caso, el atentado contra Gómez Leyva, por el perfil de alto impacto que significa, tiene que ser resuelto en el corto plazo y generar un caso sólido, a prueba de errores y lagunas que sean aprovechadas por los abogados defensores, que lleve a el/la o los autores intelectuales ante la justicia. Lo que no puede permitirse es que la impunidad sea la patente de corso de los criminales.
Quien atentó contra él debió saber que la olla iba a arder, por lo que se puede presumir que aquella persona que dio la orden no midió las consecuencias o debió tener la confianza de que, si llegaran a descubrirla, no habría castigo. O venganza por su trabajo, o la duda de si se trató de un atentado desde afuera del régimen, o un trabajo interno. Lo que no cabe como hipótesis es el absurdo de “autoatentado”, y lo que no puede permitirse es el olvido.
Lo que no puede permitirse es que la impunidad sea la patente de corso de los criminales
