Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al ser pillado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante de lujo, dejando en ridículo al gobierno, las cosas cambiaron para todos.
Gertz Manero fue varias veces a Palacio Nacional para hablar con el Presidente y el coordinador de consejeros, Lázaro Cárdenas, y un grupo militar empezó a vigilar a Lozoya para evitar que se fugara. Este miércoles, como colofón, los fiscales pidieron la prisión preventiva justificada, desvaneciendo el halo de impunidad vigente, y la Guardia Nacional, no la Policía Federal Ministerial, lo detuvo.
Los privilegios cesaron, por ahora, y no era para menos. Los regaños del Presidente, pese a respaldar públicamente a Gertz Manero, hicieron temer entre los colaboradores que estaba en el umbral de la remoción. Su cambio no se llegó a discutir en Palacio Nacional, pero en la Fiscalía General tenían claro que tenían que salvar cara y debían mostrar que la cena, como apuntó Denise Maerker en el programa "Tercer Grado", tuvo consecuencias.
Las vimos. El juez Artemio Zúñiga, que tiene una relación muy estrecha con los fiscales que llevan el caso Lozoya e incluso les corrige los borradores de los documentos que le van a enviar para evitar errores, obligó al exdirector de Pemex a comparecer de manera presencial. En sincronía, la Fiscalía General no pidió autorización para que pudiera entrar al Reclusorio Norte en su automóvil, por lo que se tuvo que bajar en la calle y caminar en medio de un enjambre de periodistas.
La Fiscalía General, que trabaja de manera coordinada con la defensa de Lozoya, sabía desde la semana pasada que iba a solicitar una prórroga para la entrega de evidencias, y el exfuncionario estaba en el entendido de que no pisaría la cárcel. Pero Gertz Manero y Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, cabeza del caso Lozoya, le aplicaron lo mismo que le hicieron al exsenador Jorge Lavalle, otro imputado falsamente por el exdirector de Pemex, que no había de qué preocuparse porque era una audiencia para ampliar el plazo. La defensa de Lozoya fue engañada. Confió en el fiscal y su principal colaborador, sin saber que, por primera vez en 16 meses, no iban a estar del mismo lado, sino que habían saltado la verja.
La comparecencia comenzó de acuerdo al libreto acordado. La defensa del delincuente confeso de haber recibido sobornos de Odebrecht pidió una prórroga de 60 días porque no había recibido respuesta de la fiscalía brasileña, a la que le pidió si el exdirector de Odebrecht para México, Luis de Meneses Wyell, había ratificado o no su declaración donde afirma que los únicos sobornos que dio la constructora en México fueron para Lozoya. El juez le dio la prórroga, pero por 30 días.
Después de eso, en el principio de lo inesperado para Lozoya, los fiscales le pidieron al juez imponerle la prisión preventiva justificada por considerar que podía fugarse. Dijeron que la cena en el restaurante mostró que tenía las redes de apoyo que pudieran ayudarlo a fugarse de México, y que disponía de 2 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein, que por razones desconocidas no ha sido congelada, con lo que podía financiarlo. Los argumentos eran baladíes, y parecían una burla a los mexicanos, incluido el propio presidente López Obrador, a quien Gertz Manero le hizo creer que Lozoya era la llave para mostrar la corrupción del pasado.
La cena en el restaurante Hunan no había sido la primera con sus amigas y amigos influyentes en el mundo empresarial, aunque sí fue donde lo atraparon en flagrancia. El dinero de las redes empresariales que había tejido, o sus multimillonarios patrocinadores rusos que lo protegieron en Rusia y España, le han permitido moverse en todo el gran Valle de México, mantener su relación con la novia rusa que le plantaron y tener a su disposición, si quisiera, los recursos para fugarse de México. No había sido algo que pensara necesario, por la negociación con Gertz Manero, pero tras la cena, hoy se ve, cambió la ecuación. Emilio Lozoya Thalman, su padre y cabeza de la defensa, no lo creía, pese a que su relación con Ramos se agrió, y actuaba como si el pacto con el fiscal mantuviera sus términos.
En la audiencia, los argumentos que adicionalmente esgrimieron los fiscales ante el juez también fueron mentirosos. Dijeron que carecía de arraigo porque su esposa alemana e hijos están en Alemania, y que su familia política, que es multimillonaria, podría resguardarlo. La familia política, lo sabe Gertz Manero, no quiere saber nada de Lozoya, y su esposa inició el proceso de divorcio y tiene la custodia de sus hijos. Esto no era un engaño al juez, sino a la opinión pública.
Los fiscales explicaron que, ante la exigencia de una reparación de daño por más de 7 millones de dólares, que Pemex había exigido como prerrequisito para que la Fiscalía General le otorgara el criterio de oportunidad, Lozoya no negoció, lo que es falso. Lozoya quería repararlo con dos propiedades, en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y en Ixtapa Zihuatanejo, pero el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, las rechazó por insuficiente.
El fiscal Manuel Granados Quiroz le dijo al juez que la actitud de Lozoya había sido “evasiva” y “grosera”, alargando el proceso de manera “injustificada”. Otra mentira. El caso se ha alargado porque Lozoya no ha probado nada de lo que denunció, ni entregó las evidencias que prometió. La cena en el Hunan le redujo espacio de maniobra a Gertz Manero y a Ramos, y se quedaron sin tiempo para seguir maquillando, manipulando o inventando imputaciones.
Al final, todo estaba reducido este miércoles a la sobrevivencia del fiscal y su colaborador, o a la libertad de Lozoya. Eso fue lo más importante, la reputación de Gertz Manero y Ramos, no la verdad.
