La interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del próximo año buscará cerrar un ciclo que comenzó desde antes de llegar a Palacio Nacional, donde la estrategia de responsabilizar al pasado de todos los males nacionales pretendía aniquilar al sistema político, o al viejo régimen, como le gusta llamarlo. La fase final de este proceso estaba prevista para iniciar en octubre, cuando se esperaba la sentencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en la corte federal de Brooklyn, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, que deseaba usar como detonante para iniciar una campaña de desprestigio contra el PAN en vísperas de iniciar la contienda presidencial de 2024.
Sus planes se frustraron cuando el juez Brian Cogan, ante las nuevas pruebas que presentó la defensa de García Luna, pospuso hasta marzo la condena. García Luna quedó inservible para esos fines, pero en el gobierno encontraron nuevos blancos para servir a los mismos objetivos electorales. El tema ya no sería el narcotráfico sino el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Los nuevos actores a perseguir son el expresidente Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, que fue el jefe de Oficina de la Presidencia, y el Cisen –hoy Centro Nacional de Inteligencia–, que dirigía Jorge Tello Peón, a quienes quieren acusar de tortura y violación al debido proceso. El asesinato de Colosio fue hace 29 años, pero el delito de tortura, el eje de la acusación, no prescribe, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en 2019, por considerarse que constituye una ofensa directa a la dignidad humana y una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
El asesinato de Colosio fue uno de los temas que desde los primeros meses en su cargo como fiscal general, Alejandro Gertz Manero le presentó al Presidente para ajustar cuentas políticas con el pasado. Aunque en ese momento no era prioridad para López Obrador, se empezó a construir el caso. El punto de arranque fue una queja presentada telefónicamente el 17 de febrero de 2021 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por Rubén Aburto, hermano de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, alegando que no le daban atención médica ni la alimentación que requería por encontrarse “muy débil y deteriorado en su estado de salud”, además de sufrir “tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura”.
Una semana después, con una celeridad con la que no actúa la CNDH, emitió medidas cautelares a favor de Aburto, y anunció que buscaría que se reabriera el caso Colosio para que “sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte”. La CNDH que encabeza Rosario Piedra emitió una recomendación en octubre de ese año argumentando tortura y violaciones al debido proceso, aunque no presentó documentación que sostuviera sus conclusiones, ni que hubieran surgido nuevos datos de prueba.
La verdad, que dice Aburto que es lo único que le interesa porque de esa forma se probaría su inocencia, en realidad no es importante. La reapertura del caso Colosio pretende reescribir a modo lo que cuatro fiscales, desde diferentes posiciones, concluyeron, que Aburto fue un asesino solitario –confesó el crimen de manera reiterada desde su primera declaración, aunque fue cambiando sus motivos–, que fue quien hizo los dos disparos contra Colosio –que fue probado por diferentes peritajes– y que no fue sustraído de la delegación de la PGR en Tijuana para ser interrogado por el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, en una casa donde escuchaba el mar –una propiedad de la familia Beltrones en esa ciudad está a más de dos kilómetros del mar–, para que fuera torturado y se autoincriminara.
El caso Colosio en el gobierno de López Obrador tomó tracción en diciembre, cuando el Presidente dio luz verde a Gertz Manero para que comenzara a prepararlo, para lo cual dispuso de medio centenar de su personal a trabajar. Aun así, no se consideraba como un asunto de primera importancia hasta que el juez Cogan difirió la sentencia de García Luna para la primavera de 2024. Los tiempos político-electorales se le descompusieron al Presidente, aunque rápidamente encontraron un nuevo caso y nuevas víctimas.
Al expresidente Salinas lo quieren involucrar por el supuesto de haber instruido al gobernador de Sonora que viajara la misma noche del 23 de marzo de 1994 a Tijuana, para tener en Beltrones una fuente confiable de los pormenores del asesinato de Colosio, que era íntimo del entonces gobernador. La tortura y la violación al debido proceso la quieren amarrar con el supuesto interrogatorio fuera de la delegación de la PGR, aunque Aburto nunca estuvo los minutos suficientes fuera de la vista de los agentes para abrir el espacio para que saliera de la instalación y desapareciera por dos horas, como se ha publicado en la prensa.
Al Cisen de Tello Peón lo inmiscuyen porque un agente, Jorge Antonio Sánchez Ortega, que estaba en Lomas Taurinas reportando el mitin –una práctica que realizaban antes, entonces y ahora–, lo detuvieron con la camisa manchada de sangre a 15 metros de donde asesinaron a Colosio. Sánchez Ortega tenía sangre en su camisa, explicó en su declaración y fue corroborada por testigos, porque quedó manchada cuando ayudó a cambiar el cuerpo de Colosio de su camioneta a otra que lo trasladó al hospital. Asimismo, buscan señalar que un agente del Cisen fue quien lo liberó esa misma noche. A Córdoba, aparentemente, lo quieren hacer presunto accesorio del crimen por el cargo que ostentaba y porque el candidato sustituto de Colosio, Ernesto Zedillo, era su amigo.
Con base en los hallazgos de los fiscales del caso Colosio, lo que pretende la Fiscalía General es insostenible, pero no importa. Los jueces de consigna darán entrada a las imputaciones y López Obrador tendrá el ruido que quiere para uso político-electoral. Será un nuevo desaseo jurídico en el sexenio, que le será irrelevante al Presidente, sólo interesado en restarle votos a la oposición y reducir sus posibilidades en las urnas.
