El caso paradigmático en la historia de la justicia moderna mexicana será el de los amparos de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, acusadas de homicidio por omisión por el fiscal Alejandro Gertz Manero, por una razón tan contundente como increíble.
Gertz Manero usó recursos públicos para dirimir un litigio personal, y arrastró a la fiscal de la Ciudad de México y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, a inventar delitos para encarcelarlas. Esto quedó de manifiesto en el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre los amparos que se debatirá el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia, donde concluye que quienes debieron procurar la ley, la violaron.
Gutiérrez Ortiz Mena planteó que la denuncia de Gertz Manero contra su familia política está basada en una figura inexistente en el Código Penal, la de “garante accesoria”, por medio de la cual, sin embargo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y Marcela Ángeles Arrieta, una jueza subordinada al presidente del tribunal capitalino, Rafael Guerra, encarcelaron a la señora Cuevas durante 553 días, y a su madre la tienen con una orden de aprehensión activa, sin haber ido a prisión porque es suegra del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Cinco ministras y ministros expusieron las ilegalidades del caso contra las señoras Morán y Cuevas durante la sesión de la Corte el 14 de marzo, pero por un voto no alcanzaron el amparo liso y llano que les daría la liberación inmediata de la cárcel y la cancelación de la orden de aprehensión. La sentencia de Gutiérrez Ortiz Mena suma el sexto voto para que eso suceda, aunque existe la posibilidad de que la votación del próximo lunes, cundo se discuta el nuevo proyecto de sentencia, sea de 11 a cero. Sería devastador para el trío de violadores de la ley, aunque el proyecto en sí es la anatomía de una aberración jurídica y política.
El fiscal general actuó en contubernio con Godoy y Guerra, con quienes el año pasado, después de haber perdido en todas las instancias legales donde acusaba a sus familiares políticas por la muerte de su hermano Federico, en 2015, reactivó el caso al asumir el cargo, y ordenó a su colaborador incondicional Juan Ramos, fiscal para Control Competencial, que se encargara de ello. Ramos manipuló a la fiscalía capitalina a través de Facundo Santillán, que conoció cuando era asesor de Guerra en el tribunal, y al que Godoy nombró coordinador general de Investigación Estratégica. Cuando se fue Santillán a la Secretaría de Seguridad, lo remplazó con Israel Cevallos, quien fue el magistrado que confirmó la formal prisión a la señora Cuevas. Godoy, miedosa y pusilánime frente a Gertz Manero, lo ayudó para que las cosas salieran como quería, con el aval de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
El proyecto de sentencia de Gutiérrez Ortiz Mena los demuele. Aunque no los menciona por nombre, deja en claro que los fiscales y sus colaboradores inventaron un delito, y que el Tribunal Superior de Justicia los respaldó. En el proyecto de sentencia el ministro afirma que, además de basarse en una figura inexistente en la legislación penal, en el caso de la señora Cuevas, raya en el límite de lo no razonable. “No hay delito sin ley”, señaló el ministro, lo que subraya la impunidad de los fiscales y el tribuno de la justicia para torcer las leyes y ser cómplices en una venganza, donde lo único que importaba era aniquilar civil y penalmente a la familia política de Gertz Manero.
Con alta probabilidad, las señoras sean exoneradas del homicidio por omisión, como había sucedido en todas las instancias judiciales que revisaron el caso hasta que Gertz Manero, con el apoyo del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, logró que atrajeran su caso y lo discutiera el máximo tribunal constitucional. El fiscal chantajeó a Zaldívar con investigaciones contra su principal operador, Carlos Alpízar, y contra el administrador del Consejo de la Judicatura, Alejandro Ríos Camarena, declarando el no ejercicio de la acción penal antes de la sesión en la Corte. El fiscal reabrió un caso de presunta corrupción del ministro Luis María Aguilar, y se avivó otra investigación contra el esposo de la ministra Margarita Ríos Farjat. Con más temple que Zaldívar, pidieron en la sesión del 14 el amparo liso y llano para las señoras.
Las amenazas, presiones y el garrote duro de Gertz Manero, al final, fue superado por las violaciones a la ley en las que incurrió. Godoy y Guerra, junto con Ramos, Santillán y Arrieta, están en el mismo barco de la ilegalidad. No bastará con un voto mayoritario de la Corte para que se haga justicia y reparar la conculcación de la libertad de las señoras, contra quienes hubo daño moral, mediante lo que Gutiérrez Ortiz Mena describió como falsedades, inventos, mentiras y abusos.
Los amparos liso y llano no serán suficientes para reparar los daños, ni a ellas ni al Estado de derecho. Las cosas no pueden concluir con su libertad, porque lo que hicieron quienes procuran y administran la justicia, rebasa el caso de la familia política del fiscal y es una advertencia para todos. ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos cuando vemos una conspiración para violar la ley de parte de aquéllos que supuestamente velan por la aplicación de la justicia? Detuvieron a la señora Cuevas sin orden de aprehensión, la encarcelaron con un delito inexistente, y a la señora Morán su excuñado la quiso encarcelar con un delito falso cargado de misoginia.
El sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad ante el poder atrabiliario es inmenso, porque si bien es probable que la Corte les dé un revés y los desnude como violadores de la ley, permanecerán en el cargo. Los Ejecutivos federal y capitalino difícilmente tomarán acción consecuente con lo que adelanta el proyecto de sentencia porque el Estado de derecho lo usan a modo. Sin embargo, la violación a los derechos humanos que se cometió en contra de las señoras Morán y Cuevas no puede quedar impune. Los tribunales son el camino.
