Entre toda la controversia sobre el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, pese a todo, que sea elegida hoy como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, hay una persona clave, Édgar Ulises Báez Gutiérrez, el autor de la disertación publicada un año antes del trabajo de la protegida presidencial. Permanecía resguardado, sin responder ninguno de los dos teléfonos que dio a las autoridades como contactos, hasta este sábado, cuando el reportero Juan Carlos Rodríguez del portal Eje Central, lo entrevistó en su casa, en uno de los barrios bravos de Xochimilco, e hizo declaraciones que dejaron mal parada a la ministra.
La víspera, Esquivel escribió en Twitter que Báez Gutiérrez, a quien no mencionó por nombre, había rendido una declaración ante notario público, donde reconoció que había tomado “varias partes importantes” de su tesis. En la entrevista, el abogado afirmó que no fue citado para declarar sobre la elaboración de su tesis, y que tampoco podía haberlo hecho por encontrarse postrado por una neumonía. Pero dijo estar dispuesto, si su salud lo permitía, a presentarse ante las autoridades para demostrar que la tesis original era la suya. Señaló que si se reflejaron algunas ideas de Esquivel, fue por comentarios hechos por la directora de tesis de ambos, Martha Rodríguez Ortiz, no resultado de un plagio suyo.
El episodio del supuesto plagio de tesis por parte de Esquivel se encuentra ahora en el momento donde la credibilidad se sustenta en la palabra de cada uno sobre un hecho fundamental, la presunta declaración notariada de Báez Gutiérrez. La ministra, urgida de un blindaje que le permita ser electa hoy presidenta de la Suprema Corte, volvió a desbocarse al dar a conocer detalles de la presunta declaración, a la cual legalmente no debería de haber tenido acceso. El abogado no tiene mejor prueba de que su dicho es verdad, que mostrar cuántos días ha estado encamado con neumonía, que habría hecho imposible rendir esa declaración, realizada supuestamente hace unos 10 días. La prueba madre, sin embargo, sería que el notario que supuestamente tomó la declaración, dé su versión, lo que es ahora crítico para conocer la verdad.
Este caso parece un thriller. En los primeros días del escándalo, se realizaron en la Suprema Corte varios análisis sobre el impacto de la acusación, y en uno de ellos se estimó que no era verosímil que la ministra hubiera empezado su tesis dos años antes de tener directora ni haberle aprobado el tema. El análisis adelantaba que existía la posibilidad de que su directora de tesis, Rodríguez Ortiz –que también dirigió otras dos tesis idénticas en la UNAM años después-, y Báez Gutiérrez, asumieran la culpa y eximieran a Esquivel.
Con la presunta declaración notariada parecía que el abogado había sido doblado. En paralelo, operadores políticos de la ministra habían intentado desacreditarlo al filtrar a la prensa que lo habían investigado por delitos sexuales, pero omitiendo el resultado de las investigaciones.
En 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta tras la denuncia de una madre por “posibles hechos constitutivos de algún delito de carácter sexual” contra Báez Gutiérrez, por haber visto “muy feo” a sus dos hijas de 11 y 10 años, e insultarlas, que terminó en el no ejercicio de la acción penal. En 2019 abrió otra por los presuntos delitos de acoso sexual y conductas de naturaleza indeseable contra una comerciante ambulante, que también se quejaba de miradas morbosas, donde también se determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de datos probatorios.
Báez Gutiérrez parecía un buen perfil para acusarlo de plagio. Huraño, y muy solo, parecía vulnerable. Defensor de oficio en la Ciudad de México, entre 2004 y 2021 la fiscalía capitalina le abrió una veintena de carpetas de investigación que, sin embargo, nunca lo llevaron a la cárcel.
La primera, en 2004 fue por amenazas, y al año siguiente por robo a transporte en vía pública con violencia. En 2006 por robo a repartidor sin violencia, robo de accesorios de auto, robo de vehículo de servicio particular con violencia, posesión de auto robado, lesiones intencionales por golpes, y despojo. En 2008 tuvo una denuncia de hechos. Tres años después lo acusaron por robo de vehículo de servicio particular con violencia, y en 2012 fue imputado nuevamente por amenazas.
Al año siguiente fue acusado por tentativa de robo de un vehículo de servicio particular sin violencia, encubrimiento, allanamiento de morada y por incumplimiento de la obligación alimentaria. En 2014 lo imputaron dos veces por amenazas, y una por lesiones intencionales con arma blanca; en 2019 se le abrió otra por daño a propiedad ajena culposa.
Lo que no calculó quien propuso culparlo de plagio, como aparentemente sucedió con la supuesta declaración notariada, es que Báez Gutiérrez diera la cara para desmentir a Esquivel, a escasas 48 horas de que la Suprema Corte vote para elegir a quien la encabezará por los próximos cuatro años.
Su confrontación pública con la ministra no es algo que pueda desecharse fácilmente pese a la asimetría de los perfiles, sino al contrario. Lo que hemos visto es una aplanadora de propaganda gubernamental a favor de Esquivel con presiones políticas y maniobras, algunas aparentemente ilegales, para encontrar chivos expiatorios que permitan cumplir el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador para colonizar la Corte a través de ella.
La investigación de la UNAM sobre el plagio tardará días en concluir, pero el voto en la Corte no esperará. Ahí está el dilema shakespeariano ¿Elegirán a Esquivel, pese a estar salpicada de actos ilegítimos, quizás ilegales, y con una credibilidad herida? No podrían, ni deberían. Pero ya veremos hoy si ministros y ministras entregan la Corte a López Obrador, o la preservan como poder autónomo, a sabiendas que ese camino significará una confrontación política con el Presidente por el resto del sexenio.
