Hay algunos aeropuertos, como en Tel Aviv y Dubai, donde algunas nacionalidades sólo tienen que colocar sus ojos frente a una pequeña pantalla, para que una tecnología que aplica análisis estadístico y mediciones matemáticas a la biología, extraiga todos sus datos. Si no ha cometido algún delito, ni es terrorista, ni es buscado por ninguna autoridad en el mundo, entra en cuestión de segundos a esas naciones que tienen sistemas de seguridad interna muy rígidos.
En la vida cotidiana mexicana, esa tecnología llamada biométrica, está siendo utilizada para desbloquear teléfonos celulares en lugar de escribir la contraseña, o en algunos hoteles, restaurantes y tiendas para determinar la temperatura de la persona, en estos tiempos de pandemia.
La tecnología biométrica salió intempestivamente en México, de una caja de cristal donde estuvo desde que Mario Delgado, como coordinador de Morena en San Lázaro, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones, y ese creativo cuerpo legislativo, le añadió la biometría. La minuta se envió al Senado, donde este martes fue aprobaba con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, muchos nos sorprendimos, pese a que la tuvimos mucho tiempo frente a nuestros ojos y no la vimos, o quedamos atrapados en los debates cosméticos que inundan la arena pública.
Pero la aprobación para obligar a unos 120 millones de mexicanos a entregar sus datos biométricos a las concesionarias de sus aparatos móviles, so pena de no poder usarlos o recibir multas de hasta 89 mil pesos, generó alarma inmediata. La racional del presidente Andrés Manuel López Obrador es que con ello se garantizará la seguridad de los mexicanos, pero eso será imposible en los términos en como se encuentra la ley. La discusión en el Senado se enfocó en los aspectos constitucionales, y en sus numerosas violaciones a la ley. Por ejemplo el artículo 16 constitucional sobre la protección de datos y el 24 y el 35, específicamente de la Ley General de Protección de Datos Personales, o el 176 sobre la regulación económica en términos del 28 constitucional, para los afectos de acceso del sexto.
Hay más polémica después de pasada la ley que antes, y aunque la conciliación de artículos tiene solución, lo que en la actualidad no tiene forma de evitarse es el hoyo que el Senado, o quienes votaron por esa ley, abrió a los mexicanos, porque al expresar que es la seguridad lo que pretenden defender, más la vulneran.
Lo que aprobaron es un galimatías, donde obligan a que sean los concesionarios quienes elaboren el padrón biométrico y se lo entreguen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque este organismo les envió un oficio donde señaló que no tenía la capacidad, ni los recursos humanos y económicos para elaborarlo. Esto también podría resolverse con presupuesto. Sin embargo, al no tener un carácter regulatorio, ni siquiera debería ser ese organismo el que lo llevara a cabo. En cualquier caso, ni siquiera va al fondo del problema que crearon en el Senado.
La ley crea ese padrón como una base de datos que, presuntamente, tiene como objeto el contribuir exclusivamente con la procuración de justicia y seguridad, pero en la práctica es totalmente opuesto.
La ley carece de mecanismos de seguridad y, peor aún, no existe control judicial sobre las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. Es decir, entre omisiones y ambigüedades, el gobierno tiene la posibilidad de extraer toda la información individual y privada –una especie de espionaje autorizado por ley– para hacer lo que desee con esos datos, con lo que vulnera el principio de seguridad jurídica que anima al artículo 16 constitucional, que protege los datos personales.
La ignorancia, o la perversidad –no regateamos a nadie esa posibilidad–, sí tiene consecuencias para la vida privada de una sociedad. Las violaciones constitucionales apuntan en ese sentido, y la discrecionalidad con la cual las autoridades pueden acceder a la información hará del monstruo orwelliano del Estado autoritario, una reliquia. La información biométrica, si efectivamente busca una innovación y mejorar la seguridad de los individuos, requiere lo que han hecho otros países en sus legislaciones a fin de evitar que termine siendo lo contrario a lo buscado.
Un principio es que, pese a todas las medidas de seguridad que se puedan tomar, existe la posibilidad de que un hacker las viole, y la información habrá perdido para siempre su confidencialidad y la persona quedará vulnerable de por vida. Si en lugar de hacker es un gobierno, o un partido, o unas personas con poder, esa ruptura en la seguridad se magnifica, al entregarles la tecnología los atributos de comportamiento y físicos de las personas, su patrón de voz, sus huellas digitales, sus palmas, los patrones de sus venas, la estructura de la retina y el iris.
Para evitar abusos, las legislaciones en el mundo tienen diferentes enfoques. No es lo mismo en Estados Unidos, donde se limita el uso de la información biométrica sólo para identificar o autentificar a un individuo, que en Europa, donde se considera que cierto tipo de información biométrica es muy “sensible” y pertenece únicamente a la persona. Australia tiene la misma lógica, aunque tiene protecciones más rígidas para la información biométrica que para la personal, y requiere el consentimiento de la persona para que pueda ser recolectada.
Aquí no se previeron controles, ni hay instrumentos de seguridad, ni provisiones para que sea el individuo quien decida si entrega o no su información. Aquí es punitiva la negación y el control final de todo ello la tendrá el gobierno de López Obrador.
Sin herramientas de control de seguridad ni restricciones judiciales para espiarnos e inmiscuirse en nuestra vida privada en tiempos donde las libertades y las garantías individuales se están reduciendo, esta ley es un peligro y hay que descarrillarla o reformarla, para incorporar el andamiaje jurídico que nos proteja. De otra forma, si estábamos mal, estaremos peor.
