¿En dónde está el dinero de Genaro García Luna?, parafraseó el presidente Andrés Manuel López Obrador al abogado del exsecretario de Seguridad Pública en el cierre de su defensa en la corte federal en Brooklyn. En Florida, respondió el Presidente, donde compró departamentos, casas y yates. Son 700 millones de dólares, que hoy equivalen a 13 mil 20 millones de pesos. Es mucho dinero y muy difícil de esconder. El gobierno de López Obrador quiere esos recursos de regreso a México, por lo que presentó una denuncia en una corte en Florida en septiembre de 2021 para lograrlo. Hasta donde se sabe, nunca la ratificó, pero si desea el dinero, ése es el camino.
Brooklyn y Miami no son lo mismo. López Obrador mezcla todo, lo que está litigándose en Nueva York, que tiene que ver con corrupción vinculada con el narcotráfico, y lo que tendría que decidirse en Florida, que tiene que ver con corrupción de cuello blanco. Como el Presidente entiende mal las cosas, dijo ayer que le extrañaba que el juez Brian Cogan no hubiera permitido que en el juicio de García Luna se hablara de la fortuna del exsecretario.
Lo que no permitió fue que se hablara de los ingresos de García Luna después de diciembre de 2012, porque sus abogados demostraron que eran producto de contratos legales y legítimos. Lo que sí autorizó Cogan fue que se litigara sobre los presuntos pagos por un total de 200 millones de dólares, en la estimación del abogado defensor, César de Castro, que habría recibido del Cártel del Pacífico. Para responder las imputaciones de la fiscalía, subió al estrado la esposa de García Luna, que mostró documentos para probar su evolución patrimonial.
Los 700 millones de dólares de los que habla López Obrador no tienen nada que ver con los 200 millones. La primera cifra proviene de la denuncia que presentó Santiago Nieto, cuando todavía era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en una corte en el condado Miami-Dade, donde explicó que los activos eran producto de un gran esquema de contratación simulada en el sector de la seguridad pública, que involucraba a 39 empresas y fideicomisos de García Luna, sus cómplices y familiares. La investigación y la denuncia fueron retomadas por su sucesor, Pablo Gómez, que la semana pasada presentó en la mañanera esa "red de corrupción y lavado de dinero" que operó por 20 años.
En ambos casos, después de García Luna, las figuras más prominentes son Samuel Weinberg y su hijo Alexis, aunque también fueron acusadas por la UIF la esposa de García Luna, Cristina Pereyra, y la de Samuel Weinberg, Sylvia Pinto, prima hermana de Julia Abdala, pareja sentimental del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que se les vio juntos públicamente en 2017, cuando se celebró la boda de Alexis en Cancún.
De acuerdo con la demanda civil que interpuso Nieto, la empresa de los Weinberg –que tiene casi cuatro décadas como proveedora de los gobiernos mexicanos– se benefició de contratos de la Secretaría de Seguridad Pública, a cambio de los cuales, sugirió Nieto, García Luna tuvo retribuciones cuando se fue a vivir a Miami. El sustento lo dio a conocer Gómez, 30 contratos con NUNVAV Inc. y Nice Systems Ltd., empresas de los Weinberg. Ninguno fue firmado por García Luna.
De ese total, 10 fueron suscritos cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, con la Policía Federal y con el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, que tenían autonomía de gestión y administración. Sólo uno de los 30 presentados por Gómez fue con GLAC, la consultora que formó García Luna con varios socios mexicanos y estadounidenses tras dejar el cargo de secretario, aunque no fue con el gobierno federal, sino con el de la Ciudad de México, cuyo contrato fue autorizado por la entonces subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas capitalina, Victoria Rodríguez, actualmente la gobernadora del Banco de México. La lista de la UIF excluyó inexplicablemente los contratos de NUNVAV con la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La investigación de la UIF, bajo Nieto y Gómez, ha supuesto que los Weinberg son prestanombres de García Luna, y que la mansión donde vivía en un suburbio al norte de Miami –de cuatro habitaciones, según el periodista de investigación Ioan Grillo, crítico por años de la política de seguridad en México–, los yates y automóviles, como el Lamborghini, donde existe una fotografía de García Luna posando junto a él, tampoco eran propiedad de Samuel y Alexis Weinberger, sino del exsecretario.
La defensa de García Luna presentó información convincente ante el juez Cogan sobre los ingresos que tuvo después de 2012, una vez fuera del cargo, incluidas las declaraciones anuales y el pago de impuestos ante el Internal Revenue Service –el equivalente al SAT–, que lo llevó a no permitir que la fiscalía lo interrogara sobre ellos en Brooklyn, pero la UIF debe tener otros datos al insistir en que las propiedades y recursos que ubicó como parte del entramado de corrupción del exsecretario tenían como el jefe de la conspiración criminal al exsecretario.
El estatus de la demanda civil que presentó en Miami-Dade no parece haberse movido, pues la defensa de García Luna no ha recibido ninguna notificación de la corte en Florida. Pero el caso no está del todo estático. En mayo comenzará el juicio civil, donde se deberán probar las acusaciones contra los Weinberg, quienes en descargo deberán presentar las pruebas de que no son socios de García Luna, y que los contratos con el gobierno mexicano no fueron resultado de actos de corrupción con él.
Ese juicio, no el de Brooklyn, será un termómetro para la UIF, porque en su demanda el Presidente ha colocado una fuerte apuesta que alimente su retórica y apuntale sus acusaciones de corrupción del pasado. Pero si no prospera, será un fiasco, donde el principal afectado será López Obrador.
