Los campos de batalla en el PRI se han establecido. Por un lado, Enrique Ochoa, impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como líder del PRI para enviar una señal al interior del partido, que él era el jefe supremo.
Por el otro, Manlio Fabio Beltrones, quien renunció al PRI tras las derrotas en 2016 en la contienda de 12 gubernaturas, donde ofreció su cabeza al Presidente como un sacrificio para que ajustara el rumbo de su gobierno, que tanto daño había causado en las urnas. Peña Nieto lo ignoró y sólo Beltrones pagó costo de la humillación.
Desde entonces, las fisuras en el PRI se han acentuado, donde la minoría, ubicada en el entorno peñista, controla a la mayoría por la vía de los recursos que tiene la Presidencia para destruir a quien sea, si así se lo propone.
Beltrones, que probablemente tiene más prestigio hoy en día dentro del PRI que Peña Nieto y todo su gabinete juntos, fue crecientemente presionado por los cuadros más experimentados del partido para que definiera su posición y dijera qué quería.
Buscaban tener en él la cabeza del desafío a Peña Nieto, pero rechazaba las presiones. Hasta después de las elecciones en el Estado de México podría darse un posicionamiento, insistía a quien le preguntaba. Finalmente, esa definición se dio en una entrevista con Reforma, donde anticipó que definirá si compite por la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional del PRI en cinco semanas, pero advirtió que su partido no puede servir de “taxi” de aspirantes sin identidad partidista.
Ante el pañuelo lanzado, Ochoa aceptó el reto. Al hablar con periodistas sobre la Asamblea, dijo que serán sus delegados quienes decidirán si aceptan o no a un candidato sin identificación partidista, que podrían ser él mismo o el secretario de Educación, Aurelio Nuño, entre el grupo presidencial que se encuentra entre los aspirantes.
Ochoa fue más ambicioso y abrió la baraja para darle a Peña Nieto mayores márgenes para su decisión. Dirán los priistas, adelantó, si permiten que sea un no militante candidato por el partido a la Presidencia, con lo que abrió al debate público el cabildeo intramuros para que se modifique el estatuto que exige 10 años mínimo de militancia y que hayan tenido algún cargo de representación priista, que pudiera ser incluso representante en su casilla en una elección, que permitiría contender por la franquicia al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Este candado es la piedra de toque de la Asamblea General del PRI y en donde se juega el destino de la sucesión presidencial. Ochoa es la avanzada para el cabildeo que trata de eliminar ese candado de los estatutos, incorporado por los priistas en la ola de furia contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien muchos consideran trabajó contra el PRI desde el interior del PRI, y allanó el camino para que Vicente Fox acabara con el reinado priista en el poder.
Impedir la llegada de otro perfil como Zedillo a una candidatura, sirvió durante años tanto como el modificado artículo 82 de la Constitución, escrito en 1917 con dedicatoria al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y que evitó que figuras como Carlos Hank González nunca pudieran aspirar por la candidatura presidencial al haber nacido uno de sus padres en el extranjero.
La disidencia priista ya planteó a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, que estarían dispuestos a eliminar ese candado a cambio de que Peña Nieto abriera el proceso de selección del candidato presidencial.
La respuesta de Los Pinos no ha llegado. Aceptar esa propuesta sería el equivalente para Peña Nieto de entregar la facultad, intocada hasta ahora, de decidir a quien desee como sucesor.
Los resultados de la elección del Estado de México le permitieron afianzar ese recurso metafísico de la política priista, y no hay señales de que abra el proceso de sucesión para hacerlo más incluyente, como lo hizo Miguel de la Madrid, en 1987.
Pero hay algo más. En la Asamblea General se espera que participen cerca de 10 mil priistas, pero más del 70% serán música de acompañamiento para efectos prácticos, pues unos dos mil 500 delegados serán los únicos que tomen las decisiones sobre el rumbo del partido.
Los preparativos de la Asamblea General no los ha realizado Ochoa. Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el Presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década.
La convocatoria para la Asamblea, redactada por Murillo Karam, no deja espacios para el debate abierto, menos aún para sorpresas. Es decir, podría argumentarse que si la mayoría de esos cerca de dos mil 500 delegados deciden respaldar los deseos de Peña Nieto, podrá haber eliminación de los candados y construir el andamiaje para que decida por quien le plazca como su sucesor.
Una decisión vertical, como esa, mandaría un mensaje al PRI, donde Peña Nieto ha perdido sistemáticamente influencia, de autocracia partidista. Pero, ¿llevaría a una fractura como en 1987? La mayor parte de los priistas consultados piensan que no, y que habría subordinación. Pero esas preguntas se hicieron antes de la definición de Beltrones, quien ya habló y a quien todos escuchan.
El choque entre el PRI de Peña Nieto y el de Beltrones, en todo caso, comenzó.
