El punto de partida de esta columna es una experiencia personal que viví este domingo.
Estaba trabajando en mi departamento cuando, desde la ventana, vi a una persona que avanzaba arrastrándose por la calle. Traía un bastón, pero en vez de apoyarse en él, lo aventaba hacia adelante y después se movía a duras penas para alcanzarlo.
No supe si estaba enfermo o había tenido un accidente, pero lo evidente era que necesitaba ayuda.
Bajé rápido con lo que tenía a la mano para ofrecerle algo: un yogurt, un refresco y unos ibuprofenos. Me acerqué a preguntarle cómo estaba y me contó su nombre, llamémosle Javier. Me contó también que vendía dulces para costear su desayuno y que, cuando era joven, lo atropellaron, por lo que tiene problemas para caminar hasta el día de hoy.
Después de la plática, regresé a mi departamento, pero desde la ventana volví a verlo caer. Yo no tengo las herramientas para entender qué le estaba pasando: no soy médico ni trabajador social como para determinar sus necesidades específicas.
Llamé al 911.
Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Digo “sorpresa” porque la realidad es que muchas veces este tipo de servicios son deficientes.
Pero en esta ocasión, llegó una patrulla al lugar y después personal paramédico. Los policías incluso conocían a Javier porque ya lo habían visto antes por la zona. Pero lo que más me tranquilizó y, por qué no decirlo, me puso contento, fue la manera en que lo trataron: con dignidad.
En vez de regañarlo o correrlo del lugar, se acercaron, hablaron con él, lo escucharon y la paramédica hizo la valoración correspondiente. La situación terminó, incluso, con un sándwich compartido.
Y cuento esto porque, tal como me parece necesario denunciar las fallas del sistema, también vale la pena contar cuando las instituciones funcionan bien.
La experiencia me llevó a preguntarme: ¿Está el Estado realmente preparado para estas situaciones? ¿Javier tuvo suerte de encontrarse con personas empáticas? ¿La buena respuesta de la que fui testigo es lo habitual?
Y es que, si bien las policías cumplen una función irremplazable, lo cierto es que su formación está orientada principalmente a prevenir y perseguir delitos. Y ojo: no estoy diciendo que un policía no pueda mediar un conflicto, pero es fantasioso afirmar que cuentan, por sí solos, con las herramientas para enfrentar los muy diversos problemas sociales que aparecen en la calle.
Es por esto que, cuando fui candidato a alcalde por Zapopan, Jalisco, propusimos crear una fuerza pública distinta, integrada por trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos y personas especializadas en la atención de conflictos.
Porque en un municipio los conflictos violentos, además de los protagonizados por el crimen organizado, muchas veces nacen de asuntos tan cotidianos como una discusión entre vecinos o un perro que no para de ladrar. De acuerdo con el INEGI, un 36.3% de la población adulta tuvo algún enfrentamiento en su vida cotidiana durante el último trimestre de 2025 y, entre quienes los tuvieron, 72.4% señaló que ocurrieron con sus vecinas o vecinos.
Ahí entran las llamadas “habilidades blandas” que, para mí, son la base de nuestra sana convivencia y, por qué no, también de la democracia: saber escuchar, negociar y ayudar a que un conflicto no escale.
De blandas, nada.
Nueva York acaba de crear una Oficina de Seguridad Comunitaria que busca precisamente que determinadas situaciones que históricamente terminaban en manos de la policía sean atendidas por equipos civiles especializados. La nueva dependencia contempla que especialistas en salud mental y trabajadores asuman intervenciones que no requieren una respuesta policial.
Y es que si bien me defino como agnóstico, la típica cita bíblica del Nuevo Testamento “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” me gusta y hace sentido.
Una crisis de salud mental requiere personal especializado. Un conflicto vecinal demanda mediación. Una emergencia médica necesita atención sanitaria. Y un delito precisa policías.
Nos toca, entonces, revisar y, si es necesario, modificar cómo capacitamos a quienes trabajan en el Estado para que la respuesta no dependa de que, justo ese día, nos toque encontrar a una persona particularmente empática.
Porque eso fue, en buena medida, lo que ocurrió con Javier.
Y qué, bueno, pero ni mi buena voluntad, ni la de nadie, puede sustituir una política pública.
Celebro que existan fundaciones, personas que donen y gente que se detenga a darle comida a alguien. Celebro que todavía exista esa disposición humana de mirar al otro y preguntarle cómo está. Pero no podemos construir un sistema de protección social esperando que, cada vez que alguien se encuentre en una situación compleja, aparezca por casualidad una persona dispuesta a ayudar.
La solidaridad puede resolver una mañana, pero una política pública tiene que ser capaz de acompañar una vida.
Debemos construir un Estado que haga de esa mirada, de esa escucha y de esa ayuda una obligación institucional: porque la dignidad no puede depender de la suerte.