Pedro Kumamoto: #MiDineroNoEsChayote

Ley Chayote.
El diputado local de Jalisco presentó una iniciativa para regular la asignación de publicidad oficial
Ley Chayote.
El diputado local de Jalisco presentó una iniciativa para regular la asignación de publicidad oficial

Pedro Kumamoto: #MiDineroNoEsChayote

Ley Chayote.El diputado local de Jalisco presentó una iniciativa para regular la asignación de publicidad oficial
Nación321
Pedro Kumamoto
Excandidato independiente al Senado por Jalisco
2018-08-14 |05:55 Hrs.Actualización05:55 Hrs.

¿Cuántas veces nos hemos cruzado con un video que promociona un programa social y en donde, sin esperarlo, aparece quien gobierna el municipio o el estado por ningún motivo razonable? Hagamos memoria. Por ahí andan los espectaculares y los carteles que hablan maravillas del programa social con la correspondiente fotografía del gobernante o secretario del ramo, su sonrisa perfecta adjunta.

Buena parte de los estados han tenido ese video donde la autoridad en turno sale abrazando a un niño, asegurándole que su futuro ahora sí será prometedor  “gracias a estas mochilas gratuitas que entrega el gobierno del estado” o “gracias a que esta administración puso cemento en el piso de tu escuela”. Hagamos memoria: nos sorprendería la cantidad de veces que utilizan los espacios de comunicación social como espacios para afianzar su imagen.

Diversos son los caminos de la promoción electoral disfrazada, y nuestra clase política lo ha entendido muy bien: buscando siempre las maneras para procurar aplausos con el uso de lana pública. Si bien las reformas constitucionales lo prohibieron desde hace más de diez años, e indican claramente que la comunicación oficial solo debe orientar a los ciudadanos sobre los servicios y programas públicos a los que tienen acceso, los congresos estatales no le han entrado a legislar para que se sancione a quienes retan estas disposiciones. O dicho de otra manera, al día de hoy no hay castigos para quien viola la constitución en esta materia.

Otro vicio que es un viejo conocido entorno a la publicidad oficial es la holgura con la que se asignan y se modifican los recursos para este apartado, siempre buscando un mayor presupuesto. En casi todos los estados, lo que en realidad se ejerce año con año supera por mucho el gasto asignado a comunicación social en el presupuesto de egresos. Pero ahí no pasa nada, pues no hay consecuencia de exceder montos y gastar hasta el doble de lo acordado.

Finalmente otro punto que es importante reconocer es el enorme problema de transparencia en la contratación de los espacios publicitarios gubernamentales en los medios de comunicación. Este mal lo vemos a nivel nacional y local, en donde se privilegia las asignaciones de recursos por vías meramente discrecionales y sin una metodología clara sobre los criterios que se toman en cuenta al momento de contratar, o no, a un medio de comunicación.

Muchas voces en el periodismo y en la academia han señalado que las asignaciones de pautas con criterios arbitrarios tienden a beneficiar a quienes hablan bien del gobierno en turno y a castigar a quienes no lo hacen. De ahí que la ley que perpetúa esta problemática en nuestro país, apoyada por el gobierno federal y decretada el 11 de mayo de este año, se le conociera como “Ley Chayote”, es decir, como una normativa que permite a los políticos presionar con dinero público a los medios de comunicación.

Viendo esta situación, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas como libertad de expresión, derecho a la información y defensa del periodismo libre y crítico han impulsado desde hace meses los puntos mínimos que deberían tomarse en cuenta para regular la publicidad oficial.

En Jalisco, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), así como la organización Fundar y Artículo 19, ayudaron a plasmar las ideas del colectivo #MediosLibres en una iniciativa que presentamos la semana pasada y prohíbe la promoción personal en la publicidad oficial, incluidas las redes sociales personales de los servidores; que pone como requisito para contratar a un medio que éste cuente con un código de ética, un defensor de las audiencias, mecanismos de derecho de réplica y que garantice la seguridad social de sus reporteros; que pone límites al gasto: un medio podría recibir como tope el 15% del total de la bolsa destinada a gastos en publicidad, y ésta no podría ser mayor al 0.1% del presupuesto anual de egresos del estado; y por último, que prevé consecuencias para las autoridades y medios que no cumplan la ley.

Esta iniciativa se llama #MiDineroNoEsChayote precisamente porque busca, desde el nivel local, ir en contra de las lógicas del gobierno federal para comprar publicidad oficial, contra el desperdicio de dinero público para promover políticos, es decir, va en contra la ley chayote de Peña Nieto. Las próximas semanas serán fundamentales para lograr nuestro objetivo: que nuestra lana no se use para publicitar a los políticos, que los periodistas mejoren sus condiciones laborales y que logremos medios libres y críticos para nuestro país.