La pandemia ha tenido un efecto amplificador en problemáticas muy diversas. Con cada día de confinamiento, cada despido y con cada hospitalización se hacen más visibles y más grandes los trechos entre individuos y sociedades.
La crisis ha apuntalado las fortunas de los más ricos y ha dejado con nada a millones de familias en el planeta. Ha hecho notar las brechas entre las naciones con fondos e instituciones dedicadas a la investigación y las que no tienen capacidad; entre aquellos sistemas de salud que garantizan el derecho a la mayor parte de la población y aquellos en los que cada individuo debe hacerse cargo de procurárselo.
Precisamente, en materia de salud, la pandemia ha hecho notar las flaquezas de cada sistema sanitario. Específicamente en el caso mexicano, la pandemia vino a amplificar la necesidad de discutir un modelo de salud mental para nuestro país.
No es que antes la atención psicológica y psiquiátrica en nuestras instituciones marchara bien. Sencillamente, como sucedió en otras áreas, la pandemia nos mostró las enormes deficiencias del sistema: presupuestos insuficientes y mal distribuidos, falta de cobertura, infraestructura y seguimiento, falta de profesionales de la salud mental en los estados y la falta de políticas de prevención.
Entre todos las áreas de mejora, el acceso limitado y lleno de obstáculos a este tipo de atención, es una de las mayores.
Buena parte de las personas que buscan recibir atención psicológica o psiquiátrica en México tendrán que vencer un sinfín de trabas antes de poder iniciar un proceso de consulta: tendrán que obtener información relativa a sus síntomas o al tipo de trabajo que desean realizar con el especialista, lo cual muchas veces no se divulga en las escuelas, empresas o instituciones. Tendrá que vencer todas esas mentiras que se han repetido por años sobre la salud mental, prejuicios dañinos que acaban con la posibilidad de pedir ayuda. Después de decidir iniciar un proceso, la inmensa mayoría tendrá que costearlo con sus propios recursos, lo cual puede representar, por consulta, un aproximado de entre 3 a 9 salarios mínimos.
Es decir, en nuestro país, se traslada la responsabilidad del estado al individuo. El acceso a la salud mental en México es hoy un privilegio y no un derecho.
Esto es grave porque representa la imposibilidad de que millones puedan desarrollar una vida en equilibrio, tener vínculos afectivos sanos y desde luego, desarrollar un plan personal y profesional. Las cifras sobre las consecuencias de la falta de atención al problema son profundamente dolorosas. Van desde bajas laborales, padecimientos en silencio, hasta las consecuencias más graves. El censo de población del 2019 documentó que 7 mil 223 personas se suicidaron en ese año. Cada historia es un testimonio de urgencia.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido en repetidas ocasiones que estamos enfrentando un mayor reto como humanidad, el confinamiento ha golpeado de manera severa nuestra salud mental y ha llamado a los gobiernos a invertir en la materia de manera seria y comprometida, rompiendo el techo del 2% que buena parte de los gobiernos –entre ellos el mexicano– presupuestan en la materia.
Haciendo eco a esta necesidad, es que en las próximas entregas estaré escribiendo al respecto. Pues es vital reflexionar acerca del papel de la prevención para salvar vidas, en el impacto que tiene en nuestra salud mental el diseño de nuestras ciudades, en la importancia de la creación de un sistema nacional –o local– de cuidados, en lo impostergable que es el trabajo para acabar con los prejuicios y para impulsar mayor divulgación de la salud mental. Se trata de una prioridad colectiva clara: que la salud mental sea un derecho en nuestro país.
