Ese tono de bravuconería resume la motivación para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE). La dijo Félix Salgado Macedonio luego de que su candidatura a gobernador de Guerrero había sido finalmente negada por el Tribunal Electoral. Enardecido añadió: “Me los voy a chingar”.
Ese es el fondo de las motivaciones detrás de una reforma electoral para eliminar al INE: “chingarse” a Lorenzo y sus secuaces quienes son los enemigos ficticios de López Obrador y parte de su narrativa para azuzar la idea de una supuesta conspiración en contra de su movimiento.
López Obrador presentará una iniciativa de reforma constitucional después del 6 de junio. Su éxito dependerá de los votos que Morena obtenga en las urnas: si renueva la mayoría calificada (2/3) que hoy disfruta, el INE y varias instituciones autónomas serán borradas del mapa en el corto plazo; si la pierde, buscará diversas vías para erosionar al INE, entre ellas la presupuestaria, y luego presionará al Congreso para –al menos– remover a los consejeros actuales, empezando por su presidente.
Ricardo Monreal ha calificado como “inevitable” una reforma electoral tras los comicios de 2021. El líder parlamentario de Morena ha dicho que es importante hacer una revisión histórica de los órganos electorales y su desempeño con el fin de evitar abusos.
Mario Delgado, presidente de Morena, ha dicho que se debe “exterminar” al INE. Lo acusa de actuar de forma parcial cuando tan solo está aplicando una ley que los mismos partidos aprobaron. Otros cuestionan que el costo del INE es enorme (lo cual es cierto) cuando –nuevamente—esa decisión es de los partidos quienes en 2014 nacionalizaron el sistema electoral y aumentaron el financiamiento de partidos políticos con registro estatal.
López Obrador quiere reducir el costo de organizar elecciones y desmontar una institución que considera herencia del neoliberalismo, pero no ha hecho una disección profunda de lo que funciona y lo que requiere reparación. Nadie de los críticos del INE ha ofrecido un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema electoral y vías para mejorar su operación. La discusión se centra en personas, no en las reglas del juego.
Como es previsible que Morena perderá la mayoría constitucional que hoy disfruta, López Obrador –tal como ya lo adelantó el senador Monreal– buscará aprobar diversas reformas constitucionales antes de septiembre, para aprovechar la mayoría que se le escurre de las manos. Forzar la realización de periodos extraordinarios para sacar adelante su agenda política sería sumamente disruptivo y polarizante y sería el inicio político de la segunda mitad del sexenio cuando el presidente intentará llevar a cabo reformas más radicales para desmontar las bases de la democracia representativa y sustituirla por nuevas formas de democracia a mano alzada.
Quizá por ello el gobierno y su partido están orquestando la narrativa de un “fraude electoral”, para generar la sensación de urgencia para reformar el sistema electoral. La narrativa del fraude no ha dicho cómo podría ocurrir, pero la idea avanza como la humedad entre los seguidores de la 4T quienes, con enjundia, saldrán después de las elecciones a clamar fraude en aquellas regiones o entidades o distritos donde hayan perdido.
Entre mayor sea el costo electoral del gobierno en las urnas, mayor será el ánimo de “chingarse” al INE por parte del partido oficial.
Todos los gobiernos pagan un costo electoral en la elección intermedia, y esta no será la excepción. Pero a diferencia de otros gobiernos que reajustan su estrategia y se sientan a dialogar con los opositores, este gobierno quiere doblar la apuesta y acusar a sus adversarios ficticios de ser los culpables de la próxima derrota.
Por eso “chingarse” al INE parece un buen distractor y, además, una oportunidad para capturar al árbitro de cara a las elecciones de 2024.
